Este miércoles, se realizó la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, iniciada en 2008 por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas.

Las partes expusieron en forma oral y pública acerca de los desmontes y talas de bosques nativos que, según los demandantes, se realizarían de manera indiscriminada en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de la provincia de Salta.

Los demandantes sostienen que aquella provincia, al haber otorgado autorizaciones a esos fines y al tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina, no ha cumplido con sus obligaciones legales. También atribuyen responsabilidad al Estado Nacional ante la falta de control sobre la situación denunciada.

El fundamento de la convocatoria a la audiencia radica en que el Alto Tribunal ha considerado que los hechos denunciados exigen el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional. Ello, sin perjuicio de la decisión que pueda recaer en la causa en el momento en que la Corte deba expedirse sobre su competencia para entender en el caso por vía de su instancia originaria.

En la audiencia pública, la parte actora estuvo representada por el abogado Raúl Ferreyra y los representantes de las comunidades aborígenes Alfredo Riera y Dino Salas. Por la provincia de Salta expusieron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Nasser. En representación del Estado nacional habló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni.

La audiencia fue presidida por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que fue acompañado en el estrado por la vicepresidente del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

En el contexto señalado, la Corte dictó el 29 de diciembre de 2008 una medida cautelar mediante la cual dispuso el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007.

Preguntas del tribunal

Algunas de las preguntas planteadas por los ministros de la Corte y sus respectivas respuestas, tanto de la parte actora como de los demandados, fueron las siguientes:

• Preguntas al abogado de la parte actora, doctor Ferreyra:

Ministro Lorenzetti: ¿Por qué razón Ud. entiende que hubo un incremento en la autorización de desmontes durante el período mencionado en la demanda?
Dr. Ferreira: Aparentemente esto está estrechamente ligado a la expansión de la actividad agrícola. Y voy a hacer una especulación: curiosamente 2.000 kilómetros cuadrados fueron autorizados tres meses antes que se sancione la ley de bosques. Pero es una conexión puramente causal, quizá casual.

Ministro Maqueda: De acuerdo a los estudios que figuran en el expediente, entre 1998 y 2007 se autorizó la deforestación de un millón de hectáreas en la provincia de Salta y aproximadamente un tercio de esa cifra corresponde al departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal. ¿Pudo esta situación tener alguna importancia en el alud que sufrió recientemente esta localidad?
Dr. Ferreira: De acuerdo a lo que me han relatado mis representados y algunos asesores -ingenieros agrónomos- que nos asisten, sí, efectivamente no hay posibilidades de desligar el desastre de Tartagal de los desmontes en el Departamento San Martín.

Ministro Zaffaroni: La ley 21160 establece que se debe hacer un relevamiento técnico catastral de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. ¿Sabe Ud. si esto se ha hecho?
Dr. Ferreyra: Hasta donde mi información alcanza, no se ha hecho el mapeo de la situación, de manera que no se cumplió.

• Preguntas a los representantes de Salta:

Ministro Lorenzetti: ¿Hubo incremento de autorizaciones de desmontes en el último trimestre de 2007? ¿Por qué razón? ¿No hubo excesos?
Dr. Casali Rey: Efectivamente en el último trimestre de 2007 las autorizaciones llegaron a 160.000 hectáreas. Ahora bien, entre esas 160.000 hectáreas deben contarse autorizaciones de expedientes iniciados algunos en 2005 y otros en 2006.  Se advierte entonces que estas autorizaciones son fruto de peticiones anteriores cuyo trámite se demoró -entre otras cosas, porque así lo permite la ley 7070- por la posibilidad de impugnar en sede administrativa o judicial de cualquiera que invoque un legítimo interés, que es lo que han hecho las ONGs. Entonces, la autorización se demoró y se confirió en un año diverso al solicitado.

Ministra Highton: ¿Cómo se convocaba y a quién para la realización de las audiencias públicas previas a las autorizaciones y cómo trataban las objeciones de las ONG?
Dr. Casali Rey: La convocatoria tenía dos vías: una por publicaciones  en diarios oficiales y comerciales y otra por medio de cartas a distintos actores y ONG que la autoridad de aplicación consideraba interesados. Las audiencias no sólo se realizaron en la ciudad capital de la provincia, sino también en los lugares donde el acceso era más fácil para los interesados y cerca de las zonas donde se iba a hacer el desmonte.
En cuanto a las impugnaciones, varias de ellas han implicado que el trámite se haya dilatado.

Ministro Lorenzetti: Surge aquí que a pesar de las audiencias públicas y las eventuales objeciones no hubo prácticamente ninguna petición rechazada. ¿Es así?
Dr. Casali Rey: La administración que asumió en diciembre de 2007 ha dictado actos administrativos, con independencia de la acción que hoy nos convoca, suspendiendo algunas peticiones.

Ministra Argibay: ¿Cuándo se hace una presentación de pedido para aprovechamiento forestal, se hace en cada caso un estudio de impacto ambiental? ¿Cómo es el procedimiento?
Dr. Julio Nasser: El procedimiento fue establecido por la ley 7070, de Protección Ambiental, de la provincia de Salta. Allí se señala que cada proponente debe realizar su solicitud acompañando un estudio de impacto ambiental realizado por una persona inscripta en el registro de evaluadores y formuladores de estos proyectos y esa presentación es revisada por la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaria de Política Ambiental. Por lo general se verifica en campo que el plan de ejecución y manejo sea factible de ser realizado.

Ministro Maqueda: ¿Es posible que la deforestación en el departamento de San Martín haya tenido incidencia en el reciente alud?
Dr. Casali Rey: No hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud que padeció la ciudad de Tartagal, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido ni desmontes ni aprovechamientos forestales que permitan atribuir a esa actividad  la generación del fenómeno natural.

Ministro Zaffaroni: ¿Hubo alguna instancia de evaluación en cuanto al efecto acumulativo  de las autorizaciones en materia de impacto ambiental?
Dr. Nasser: Hasta el momento no. Lo que se están generando son los programas, que nos permitan conocer los valores de avance que tienen que ser tenidos en cuenta al momento de la formulación de la cartografía y el ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta.

Ministro Lorenzetti: Uds. piden el levantamiento de la medida cautelar. Es decir, que continúen las autorizaciones dadas por el gobierno anterior de la provincia. ¿Comparten o no comparten lo hecho por esa administración?
Dr. Casali Rey: La provincia de Salta entiende que las autorizaciones que se han otorgado, tanto las afectadas por la cautelar, cuanto las anteriores, son fruto de un procedimiento perfectamente ajustado a derecho y respetuoso de las líneas directrices que en materia de política ambiental fijó la ley 7070.

Ministro Lorenzetti: ¿No sería prudente, de acuerdo al criterio precautorio suspender todas esas autorizaciones, que corresponden a una enorme cantidad de hectáreas, hasta que se estudie el impacto global de todo este desmonte? ¿Ud. sostiene que se pueden seguir con las autorizaciones mientras tanto se hace una reglamentación hacia el futuro, o no?
Dr. Casali Rey: No, y de hecho no se ha brindado ninguna autorización. La prórroga de los desmontes también puede ser vista como un modo de evitar que la tala se haga de manera abrupta, porque podría tener un impacto ambiental más agudo.

• Preguntas para el Estado Nacional

Ministro Lorenzetti: ¿Ud. considera que el volumen de deforestación que tuvo lugar en Salta es negativo?
Dr. Bibiloni: Sí.

Ministro Maqueda: ¿Por qué demoró tanto la reglamentación de la ley de bosques?
Dr. Bibiloni: Porque hubo observaciones de las provincias, porque había problemas técnicos que superar y porque faltaban ajustes en el tema financiero.

Ministro Maqueda: ¿Tuvo algún impacto la deforestación de que hablamos respecto del alud en Tartagal?
Dr. Bibiloni. Todo desmonte tiene algún impacto, pero en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud.