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Miércoles, 03 de junio de 2009
Riachuelo: avanza una investigación por coimas
Nuevas pericias ordenadas por el juez federal de Quilmes arrojaron que tres curtiembres vuelcan residuos contaminantes. Son empresas que habían sido sobreseídas en una pesquisa por afectación al ambiente, decisión que está siendo investigada
Nuevos peritajes ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, determinaron que tres curtiembres radicadas en la zona Sur del Gran Buenos Aires, que habían sido sobreseídas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, están contaminando el Riachuelo.
Los nuevos controles se realizaron en el marco de una causa por presunto cohecho en la habilitación de industrias, en la que se investiga al fiscal federal de Lomas de Zamora que intervino en la causa y a dos estudios jurídicos.
A mediados de mayo y por pedido Armella, se recolectaron muestras líquidas y sólidas en los establecimientos y sus alrededores, a fin de realizar nuevas pericias para contrastarlas con las anteriores, que habían acreditado que las firmas en cuestión no contaminaban.
En estos últimos controles, se determinó que en ninguna de las pericias realizadas anteriormente figura el laboratorio donde se realizaron ni los protocolos utilizados. Además, se confirmó que el cromo hallado en las muestras recientes supera por diez veces las cantidades encontradas en las pericias anteriores.
Las actuaciones se encuadran en el caso “Mendoza”, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó el año pasado la implementación de políticas públicas concretas para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La denuncia
Se trata de una causa penal abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para “limpiarle” una causa en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos de su compañía, ya que él y sus dos hermanos “podrían ir presos”.
El denunciante argumentó que tras comunicarse con los letrados, éstos le solicitaron 250.000 dólares para archivar la investigación. Y agregó que fue el propio funcionario del Ministerio Público quien argumentó que él y los dos abogados podrían neutralizar las pericias si abonaba la suma solicitada por los profesionales.
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