El 97% de los casos fue derivado a la Justicia, en menos de 24 horas, para obtener una medida de protección judicial a partir de la intervención de esta dependencia, que preside la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco
En sus 10 años de existencia, la Oficina recibió a la comunidad de manera ininterrumpida, todos los días, durante las 24 horas. Fue creada para facilitar el acceso a justicia de las personas afectadas por violencia familiar
Surge de un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, a cargo de la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco. En 2017 se registraron 775 casos de adultos mayores agredidos. De esa cifra, el 78% corresponde a mujeres
Según datos de esa dependencia, a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, en los últimos nueve años la más comprometida fue la franja etaria comprendida entre los 22 y los 39 años
Intervinieron los juzgados civiles de familia. Fuera del horario judicial, se realizaron consultas por vía telefónica a la Justicia penal a fin de solicitar instrucciones para la protección de la persona afectada
Son cifras correspondientes al primer semestre de este año. La oficina está a cargo de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y atiende todos los días del año
La actividad fue dirigida a los equipos de profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica con el objetivo de optimizar el servicio de acceso a justicia
La dependencia que encabeza Elena Highton de Nolasco brinda un amplio y eficaz acceso a justicia a las personas afectadas por violencia familiar y trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución
Según las estadísticas de la Oficina de la Corte Suprema, las mujeres fueron las más afectadas por hechos de violencia familiar (76%), mientras que el nivel de riesgo de los casos fue muy elevado: medio y moderado (52%) y alto y altísimo (35%)
Se trata de una medida cautelar dictada por una jueza con competencia en Violencia Familiar y de Género. Fue en el marco de una causa en la que se investigan las denuncias formuladas por una mujer contra su expareja
Es desde el 2008, año en que fue creada aquella dependencia, a cargo de la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco. La oficina fue constituida para facilitar el acceso a justicia de personas afectadas por violencia intrafamiliar
Fue en un acto que se realizó el pasado 5 de diciembre, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia provincial. La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, envió un mensaje institucional
Este jueves se llevó a cabo el acto de apertura. Se expuso sobre Independencia del Poder Judicial, Protección de los vulnerables, Código Civil y Comercial, Federalismo, Narcotráfico, Lesa humanidad y Corrupción e impunidad
La creación de la Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer en la Capital y sus cuatro sedes descentralizadas permitió que las causas lleguen a la Justicia con informes de riesgo elaborados por equipos interdisciplinarios
La cifra, que incluye datos registrados hasta octubre pasado, se desprende de un relevamiento estadístico mensual realizado por la Corte de Justicia de esa provincia, para analizar la evolución de los casos vinculados a esa problemática
La cifra se desprende de un relevamiento estadístico mensual realizado por la Corte de Justicia de esa provincia, para analizar la evolución de los casos vinculados a esa problemática
Se trata de un instrumento elaborado y consensuado por diferentes instituciones participantes que intervienen en la problemática. Se busca llevar adelante actuaciones coordinadas y eficaces, a través de un trabajo en red
Es el total de consultas recibidas de personas afectadas por violencia familiar desde su creación. La dependencia, encabezada por la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, cumplió cinco años de funcionamiento ininterrumpido
Participaron profesionales de la Corte Suprema de Justicia y del Superior Tribunal de Santiago del Estero. El objetivo fue unificar criterios de gestión para mejorar el acceso a justicia de la ciudadanía. Participaron también jueces, defensores y fiscales