Este jueves se firmó el “Protocolo base para la coordinación de actuaciones en casos de violencia de género” primer herramienta provincial, que se logra para trabajar situaciones de violencia de género.

 El acuerdo fue firmado en representación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, por el Dr. Santiago Márquez Gauna, titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de la Cuarta Circunscripción Judicial, la Dra. Georgina Garro, Jueza de Paz de la ciudad de Catriel, el Dr. Nicolás Scagliotti, Defensor Oficial de Pobres y Ausentes y la Profesora Beatriz Mosqueira, coordinadora de la Oficina de la Mujer; la legisladora Viviana Pereira en representación de la Legislatura de la provincia de Río Negro; por el Poder Ejecutivo Provincial, Patricia Fernández, Subsecretaria de Delegaciones y Milagros Lapuente, Coordinadora Territorial Alto Valle Oeste del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro; por el Poder Ejecutivo Municipal, el Dr. Carlos Johnston, Intendente de la ciudad de Catriel; por la Legislatura Municipal, la Presidenta Cristina Becerra. También refrendaron el acuerdo de trabajo los representantes del Consejo Local de la Mujer; la Secretaría de Políticas Sociales; el Equipo Técnico de Políticas Sociales, del Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia, autoridades de la Unidad Novena; de Salud Pública, del Organismo de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Protección Integral), de la coordinación Técnica del Programa de Fortalecimiento Familiar, de Educación, de la Parroquia Cristo Obrero, y por la Universidad Nacional de Río Negro la Sra. Daniela Heim

 Se estableció conjuntamente trabajar de la siguiente manera:

1.- Las partes definen como protocolo al instrumento elaborado y consensuado por las diferentes instituciones participantes que han de intervenir en la problemática, con el objetivo de posibilitar actuaciones coordinadas y eficaces, de manera que expresa el resultado de un trabajo en red. El trabajo en red se considera como una de las pautas esenciales para una adecuada prestación de los servicios que dan respuesta estatal a la violencia de género.

Este protocolo nace de las necesidades de coordinación entre los diferentes servicios y profesionales de los diversos ámbitos que intervienen en los casos de violencia de género y atienden a las víctimas.

 2.-Las partes establecen como objetivos del presente protocolo:

-La coordinación del trabajo en red de las instituciones participantes a nivel local.
-La puesta en valor de los servicios de intervención existentes.
-La revisión y perfeccionamiento de dichos servicios.
-El intercambio pertinente de información, prácticas, conocimientos y actuaciones;
-La evaluación de las consecuencias de las distintas intervenciones.
-La simplificación de los procesos.
-La coordinación de las actuaciones para la consecución de una mayor efectividad.

 
3.- Las partes determinan que, de acuerdo a la legislación vigente, las pautas a seguir ante una situación de violencia son las siguientes:

-Que las denuncias se radican en sede policial y/o el Juzgado de Paz, por cualquier persona.
-La denuncia puede ser radicada en la Unidad Novena las 24 horas del día y/o en el Juzgado de Paz en horario de atención al público de 7:30 a 13:30 hs.
-La persona que denuncia tiene derecho de ser acompañada por quien decida.
-Al momento de tomar la denuncia se deben adoptar los recaudos pertinentes para que en ella figuren todos los datos, tanto de quien denuncia, como de la persona denunciada. La falta de estos datos supone un verdadero obstáculo al momento de notificar las medidas cautelares.
-Al/la denunciante/a se le debe entregar copia de la denuncia realizada y orientar para que concurra a la brevedad al Servicio Correspondiente.
-El personal interviniente, una vez tomada la denuncia, inmediatamente debe dar intervención al CAVV (Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia) a los fines de prestar rápida asistencia a la persona víctima de violencia, ya sea porque el /la denunciante corre riesgo al regresar a su hogar, ya sea porque convive con el /la victimario/a, y/o porque sin convivir considera que está en riesgo su integridad física y/o psiquica por el solo hecho de haber radicado la denuncia, todo ello a los fines de que tenga la posibilidad de alojarse en el citado centro hasta tanto se tomen las medidas cautelares pertinentes.
-El CAVV y Consejo Local de la Mujer, de manera coordinada, deben hacer el seguimiento y contención a la víctima, para lo cual deberán acordar previamente el servicio pretendido y evitar la superposición de actuaciones. De este modo se pueden prevenir posibles revictimizaciones.
-El CAVV y Consejo Local de la Mujer, de manera coordinada, deberán informar al Juzgado de Paz el seguimiento de las medidas adoptadas para el cuidado, protección y recuperación de la víctima. El Juzgado de Paz elevará los informes al Juzgado de Familia interviniente.
-Los equipos técnicos encargados del cuidado, protección y recuperación de la víctima (CAVV, Consejo Local de la Mujer, Ecos, Educación, Salud Pública, Protección Integral), de manera coordinada, y aclarando en el asunto el nombre de la carátula y número de expediente correspondiente, deberán elevar informes periódicos, vía correo electrónico, al Juzgado de Paz.
-Una vez tomadas las medidas cautelares la causa judicial iniciada en el Juzgado de Paz será elevada a un Juzgado de Familia de la ciudad de Cipolletti.
-En todos aquellos casos en que la denuncia de violencia familiar, la víctima sea un menor de edad, se dará inmediata intervención a Organismo de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.
-La partes se comprometen a evaluar y a revisar los acuerdos de este Protocolo cada seis meses.