En el marco de la megacausa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, por orden del juez Daniel Rafecas fue detenido el subcomisario retirado de la Policía Federal Argentina José Néstor Ferrer, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto vinculados con el centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”.

El policía, detenido al arribar al aeroparque metropolitano procedente de Mendoza, es acusado en la investigación llevada adelante por la Justicia federal de haber comandado el operativo en el que fueron secuestrados Ana María del Carmen Pérez –embaraza de ocho meses- y Gustavo Adolfo Gayá, y fue asesinada la esposa de este último, Estela María Moya de Gayá. Los dos primeros fueron llevados a “Orletti” donde compartieron cautiverio con Ricardo Gayá, hermano de Gustavo y pareja de Ana María, quien había sido detenido meses antes y  llevado al CCDT.

Allí los tres fueron torturados y luego asesinados e introducidos en tambores de 200 litros, que fueron arrojados en el canal de San Fernando.

El secuestro comandado por Ferrer fue realizado el día 14 de septiembre de 1976, en horas de la tarde, en un departamento de la Av. Forest al 1000, en el Barrio de Chacarita, de esta ciudad, en el que vivían las víctimas y el hijo del matrimonio, Ernesto, de dos años de edad, quien fue llevado en horas de la madrugada a la casa de sus abuelos.

El centro clandestino “Automotores Orletti” funcionó en la calle Venancio Flores 3519/21 de Floresta, entre mayo y noviembre de 1976, bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y de la Secretaría de Inteligencia del Estado y en él se destacaron los integrantes de la llamada Triple A, que de la mano de Aníbal Gordon, ejercía liderazgo en el lugar.

Como es sabido, este CCDT tuvo la singularidad de haber sido una de las sedes en las que se concretó el plan represivo implementado por las dictaduras del cono sur, conocido como “Plan Cóndor”; siendo característico de este CCDT el hecho de que una de las formas escogidas por los represores que actuaron en él para hacer desaparecer a las víctimas, fue el homicidio de las mismas, y la introducción de sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, los cuales fueron arrojados en diversos sitios.

En el año 1976, un agente de la Prefectura de San Fernando vio cuando personas abordo de tres vehículos tiraban al Canal de San Fernando tambores, que luego fueron relevados y, tras la apertura de los mismos, se hallaron ocho cadáveres en estado de putrefacción y con una mezcla de arena y cemento adherida a ellos, que rellenaba el tambor.

Entre las víctimas se identificó, precisamente, a Ana María del Carmen Pérez -quien estaba con un embarazo a término y cuyo cuerpo fue hallado con un tiro en el vientre- y a los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá, así como también a Marcelo Ariel Gelman, hijo del escritor argentino Juan Gelman y Dardo Albeano Zelarayán, todos ellos también víctimas mantenidas en cautiverio y torturadas en “Orletti”, antes de ser asesinadas.

En junio de este año, con la intervención del fiscal de San Fernando Luis Angelini, fueron hallados otros tres tambores con cadáveres en terrenos cercanos al Aeródromo de esa localidad, encontrándose los restos de quien se trataría del diplomático cubano Crecencio Galañena Hernández, secuestrado con otro funcionario de la Embajada de Cuba, Jesús Cejas Arias, el 9 de agosto de 1976, y luego trasladados a “Orletti”.

Por los secuestros, torturas y asesinatos de Ana María del Carmen Pérez, Ricardo y Gustavo Gayá, luego de la investigación del juez Rafecas, fueron condenados por distintos grados de intervención por el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital, el General de División retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas (en ese entonces Capitán del Ejército y jefe de una dependencia de la SIDE llamada OT-18 que era el propio CCDT), Eduardo Alfredo Ruffo (agente civil de la SIDE, miembro de la Triple A, también conocido por ser el apropiador de Carla Artés Company, hija de Graciela Rutila Artés, quien fuera mantenida cautiva en “Orletti”) y Honorio Carlos Martínez Ruiz (miembro de la Triple A y del grupo de Aníbal Gordon, que actuaba en el CCDT junto con agentes de la SIDE como un “inorgánico”).

También fue procesado y será enjuiciado por el mismo Tribunal Oral, Miguel Ángel Furci, otro agente civil de la SIDE que se habría desempeñado en el CCDT y fuera condenado por la apropiación de Mariana Zaffaroni cuya madre -María Emilia Islas-, también habría sido detenida y torturada en “Orletti”.

Por otros hechos relacionados con “Orletti” también fue condenado Raúl Antonio Guglielminetti (agente civil de inteligencia del Ejército, conocido por el alias de Mayor Guastavino), y se requirió la extradición de los uruguayos Juan Manuel Cordero Piacentini, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira Quesada,  Ernesto Ramas Pereira, Ricardo Medina Blanco, José Arab Fernández, Gilberto Vázquez Bisio, Ernesto Soca Prado y Luis Maurente Mata, oficiales del Ejército de aquel país.

Otros represores de “Orletti“ procesados por el juez Rafecas como el Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Néstor Horacio Guillamondegui y el Coronel retirado del Ejército Rubén Víctor Visuara no pudieron ser condenados, el primero porque se le suspendió el proceso por incapacidad antes de iniciarse el juicio, y el segundo porque falleció antes de su culminación.

La vinculación de la Superintendencia de Seguridad Federal con “Orletti” se ha comprobado en otros casos además del de la familia Gayá, como en el secuestro de Victoria Grisonas y el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres, hechos por los que el juez Rafecas procesó a los oficiales retirados Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, quienes pertenecían al Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia y ahora permanecen detenidos en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz.

Con la inclusión de Ferrer y el homicidio de Moya de Gayá, la investigación ha tenido por acreditado lo sucedido con sesenta y ocho víctimas e involucrado a diez represores argentinos (de la SIDE, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, y civiles de la Triple A) y nueve represores uruguayos.

La intervención de Ferrer, quien pertenecía a la Superintendencia de Seguridad Federal de la P.F.A., en el operativo ha quedado registrada en un expediente del Consejo de Guerra Especial Estable n° 1/1 del Primer Cuerpo Ejército, en el que se dejó constancia de un operativo fraguado con el fin de justificar el homicidio de Estela María Moya y en el que se consignó, fraudulentamente, que los otros moradores de la casa habían logrado huir, ocultando con ello su detención ilegal.

Con la detención del policía que comandó ese procedimiento, se ha logrado reconstruir gran parte de la cadena de hechos que afectaron a la familia Gayá en los que intervinieron represores de la Policía Federal y de la SIDE, en operativos de secuestro, cautiverio, tortura, asesinatos y posterior intento de desaparición de los restos de las víctimas.