El juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, declaró la clausura de la instrucción y elevó a juicio oral la investigación por los llamados “vuelos de la muerte”, desde donde se arrojaron al mar y al Río de la Plata a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Alcanza a los imputados Julio Alberto Poch, Enrique José de Saint Georges y Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa.

Desde el juzgado informaron que ya habían sido elevados a juicio oral los casos de Ricardo Rubén Ormello, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D'Agostino, que como sus defensas no se opusieron a la elevación a juicio se remitieron al tribunal oral por simple decreto, del 18 de junio pasado.

En tanto, el magistrado también resolvió la elevación a juicio oral con respecto a Juan Ernesto Alemann.

A Alemann se le imputa el suceso ocurrido a mediados del año 1980, cuando en ocasión en que se desempeñaba como secretario de Hacienda de la Nación ingresara a la ESMA  a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y partos conocida como “Huevera”, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado ilegítimamente de su libertad desde el mes de mayo de 1980, aproximadamente, encapuchado, esposado y engrillado, con la finalidad de que el mencionado Ruiz le efectuara una descripción y le suministrara la totalidad de los datos que pudiera tener respecto del atentado del que habría sido víctima el compareciente en su domicilio, en el mes de noviembre de 1979 y que habría sido llevado a cabo por un “comando montonero”.

“En dicha ocasión habría tomado conocimiento en forma directa de los hechos que ocurrían de modo sistemático en la Escuela de Mecánica de la Armada, a través del Grupo de Tareas G.T. 3.3.2, integrado por miembros de la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, el Ejército Argentino y el Servicio Penitenciario Federal, tales como privaciones de libertad, la obtención de información mediante la aplicación de tormentos a personas secuestradas, la realización de trabajos de inteligencia relativos a los integrantes de diversas agrupaciones políticas o sociales, pudiendo constatar de manera fehaciente, al menos en el caso concreto de Ruiz,  que el mismo era mantenido en condiciones inhumanas de vida”, indica la resolución.

En tales circunstancias, agrega, “el imputado habría omitido la obligación que su calidad de funcionario público le imponía de denunciar tanto el hecho ilícito del que estaba siendo víctima en aquel momento Orlando Ruiz, como así también del funcionamiento del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada”.

Cabe recordar que Orlando Antonio Ruiz- caso N°583-, fue privado ilegítimamente de su libertad entre los meses de mayo y julio de 1980, junto a su esposa embarazada -Silvia Beatriz María Dameri- y dos hijos menores -María de las Victorias y Marcelo Mariano-. Luego, fue trasladado a la ESMA, donde permaneció clandestinamente detenido bajo condiciones inhumanas de vida y se lo sometió a torturas. La familia había abandonado la Argentina en los primeros meses del año 1977, debido a la persecución política de que eran objeto, sin perjuicio de lo cual mantuvieron durante el exilio comunicación permanente y fluida con sus familiares. Así, a principios de 1980 les comunicaron a éstos que tenían la intención de abandonar España, donde residían en ese momento, luego de lo cual perdieron todo contacto con Ruiz y su familia y el nombrado aún, permanece desaparecido.