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El Poder Judicial de Santa Fe realizó la primera evaluación sobre el proceso de implementación de la mediación penal en la Oficina de Rosario a fin de considerar las fortalezas y debilidades en la aplicación de este instituto. Del estudio surgió que el 96% de los consultados (denunciados y denunciantes) quedaron satisfechos con los resultados de la mediación, dado que el procedimiento les permitió percibir el conflicto de otra manera y resolverlo “en poco tiempo”.
Asimismo, se constató que en la gran mayoría de los casos los denunciados no fueron imputados en otra causa penal, lo que “evidencia la posibilidad de internalizar de otra manera el conflicto”, sin necesidad de acudir a la Justicia.
El estudio, realizado por Jorge Giandoménico, María Ana Díez y Juan P. Vuegen, fue presentado a la Comisión Nacional de Acceso a Justicia que preside la vicepresidenta del Alto Tribunal, Elena Highton de Nolasco, para su difusión e incorporación en el Mapa de Acceso a Justicia (www.csjn.gov.ar).
La provincia de Santa Fe viene implementando la mediación desde la modificación de su Código Procesal Penal, en 2009. Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, se tramitaron en el Poder Judicial de Santa Fe 5.162 solicitudes de mediación penal.
Las causas que se han llevado a mediación involucran a “infractores a la ley penal”, es decir a aquellos que han cometido delitos menores y a quienes, por lo general no se les aplicó la prisión preventiva, precisa el informe.
Del pormenorizado análisis surgió que se sometieron a mediación penal causas por delitos de amenazas (46%), otras tantas por delitos de lesiones, estafas, daño, usurpación, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, mientras que el resto correspondió a amenazas coactivas (14%).
Se arribó a un acuerdo en el 80% de los casos, de los cuales en un 54% se pactó una reparación personal y moral (pedido de disculpas, pactos de actuación o modos de comportamiento futuros); en un 21% se acordó una reparación económica (existió una retribución monetaria); en un 13% la solución fue meramente personal (pedido de disculpas); en un 6%, fue económica y moral (retribución económica, pedido de disculpas, pactos de actuación o modos de comportamiento futuros).