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    Se realizó una videoconferencia en el país en el marco de una causa en Guatemala por la “Masacre de Las Dos Erres”

    Fue en virtud de la asistencia solicitada al juez federal Ariel Lijo por la República de Guatemala, en un juicio oral que se lleva a cabo en ese país. Se le tomó declaración testimonial a una integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense

    Este lunes, se desarrolló, en la sede del Consejo de la Magistratura, una videoconferencia con el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Guatemala. La rogatoria encomendada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 -a cargo el Dr. Ariel O. Lijo-, contó con la presencia de la Dra. María Eugenia Castellanos Cruz -miembro vocal del tribunal guatemalteco- y tuvo por objeto la recepción de declaración testimonial a Patricia Bernardi -miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense-, quien brindó precisiones en torno a peritajes antropológico-forenses realizados en el marco de la investigación de la llamada “Masacre de Las Dos Erres”.

    La labor desarrollada por la perito se encuentra vinculada al recupero de, por lo menos, 162 osamentas humanas correspondientes a personas que habrían sido asesinadas -en el mes de diciembre del año 1982- en el parcelamiento de Las Dos Erres, aldea Las Cruces, municipio de La Libertad, departamento de Petén, República de Guatemala. La mayoría de ellos menores de 12 años.

    En esa oportunidad, miembros de la patrulla de Kaibiles del Ejército de Guatemala, con la colaboración de la Brigada Militar General Luis García León o Zona Militar Número Veintitrés, habrían ejecutado un plan militar preconcebido por los mandos superiores del Ejército de Guatemala contra la población civil de Las Dos Erres, por haber sido señalada como “población simpatizante de la guerrilla”.

    Con relación a la tarea en el que participó la antropóloga forense Patricia Bernardi, la nombrada hizo saber que las osamentas encontradas se hallaban depositadas en un pozo, de aproximadamente 13 metros de profundidad y 2 metros de diámetro; en el que se verificó la presencia de restos humanos de adultos y niños de ambos sexos. Con relación a las causas de muerte de las personas cuyos vestigios se descubrieron en esa oportunidad, la nombrada aseguró que se observaron cráneos con lesiones compatibles con disparos de armas de fuego, como así también otros en los que se constataron diversas fracturas. Además, la testigo aseguró haber encontrado en el lugar veintidós fragmentos de proyectiles sueltos.

    Por otro lado, la antropóloga forense aseguró que los elementos hallados se encontraban muy mal preservados, y que se logró clasificar a las osamentas en adultos y subadultos (niños). A su vez, refirió que no fue posible identificar el sexo de los niños por sus características fisonómicas y su exiguo estado de conservación. Sin perjuicio de ello, la testigo hizo saber que debido a las características de los elementos hallados (especialmente tibias, peronés, caderas, pelvis, cráneos y piezas odontológicas) fue posible clasificar a más del 50% de las osamentas por sexo, estatura y edad aproximada.

     

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