El juez Daniel Rafecas, en el marco de la megacausa que investiga la actuación del Primer Cuerpo del Ejército, dictó el procesamiento con prisión preventiva de quince personas que habrían actuado en el centro clandestino de detención “Cuatrerismo-Brigada Güemes” o “Protobanco” y en la Comisaría de Monte Grande.

El centro clandestino “Cuatrerismo-Brigada Güemes” funcionó aún antes de la última dictadura militar, a cargo del Ejército y de la Policía Bonaerense, en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri, frente al centro clandestino “El Vesubio”, y en él también actuaron algunos integrantes de la organización paramilitar denominada la Triple A, liderada por Aníbal Gordon.

La Comisaría de Monte Grande funcionó como centro clandestino entre los años 1976 y 1978, y a ella eran derivados detenidos de los centros clandestinos “Cuatrerismo-Brigada Güemes” y también de “El Vesubio”.

La resolución de casi 1000 páginas, trata el caso de 137 víctimas, de las cuales la mitad permanecen desaparecidas o fueron asesinadas; todas ellas sometidas a torturas en un centro clandestino. Entre las personas detenidas se encuentran los ex comisarios de la bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los suboficiales José Sánchez, Ángel Salerno y Carlos Tarantino.

El juez los imputó porque  el 4 de noviembre de 1975 desplegaron un operativo ilegal en Palermo y detuvieron a seis personas, salvajemente golpeadas en el operativo, y trasladadas al centro clandestino “Cuatrerismo-Brigada Güemes”, donde fueron torturadas. En el mismo operativo, resultó muerta María Teresa Barvich, de 24 años, embarazada de dos meses según el informe de autopsia; Charo Moreno embarazada de cuatro meses habría sido víctima de una paliza, a Norberto Rey y Blanca Becher, los golpearon hasta quebrarle las costillas y Becher quedar inconsciente, y tanto Rey como  Washington Mogordoy fueron alcanzados por disparos de arma y tuvieron que ser hospitalizados.

Por haber intervenido en el mismo operativo, el juez Rafecas también dispuso la detención de dos personas que formaban parte de la organización liderada por Gordon: el agente de la Secretaría de Inteligencia Eduardo Ruffo y el entonces agente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, ya condenados por los crímenes cometidos en Automotores Orletti.

El magistrado dispuso también la afectación como detenidos de los ya condenados por crímenes de lesa humanidad, entonces Teniente Coronel del Ejército Hugo Idelbrando Pascarelli y Miguel Osvaldo Etchecolatz, Comisario General a cargo de la Dirección de Investigaciones de Policía de la provincia de Buenos Aires; a quienes imputó el cautiverio y el sometimiento a torturas de 122 víctimas que estuvieron en “Cuatrerismo-Brigada Güemes”, y la muerte por tortura de tres personas. Jorge Marcelo Scelso, de 26 años, padre de dos niños, fue detenido el 6 de septiembre de 1976 a quien le habían perforado los pulmones, además de quebrarle las costillas y murió cinco días después de tal salvaje sesión de tortura. En similares circunstancias murieron los hermanos Rubén Gerardo y Jorge Luis Salinas, alojados en el centro clandestino la primera semana de enero de 1977; fueron sacados de allí durante algunas horas y al volver no pudieron sobreponerse. Fallecieron con una diferencia de media hora y los guardias se llevaron los cuerpos.

El centro clandestino que funcionó en la División Cuatrerismo de La Matanza, estuvo a cargo del Comisario Juan Modesto Carabajal, fallecido en el año 1977.

El juez llamó la atención sobre las condiciones infrahumanas de existencia constitutivas de tormentos a las que fueron sometidas las víctimas, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturado físicamente, el sometimiento a abusos sexuales o la amenaza de ellos, los interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas; y en particular, hizo hincapié en el salvajismo de las torturas físicas que provocaron la muerte de tres víctimas.

En la Comisaría de Monte Grande estuvieron cautivas unas veinte personas, y todas ellas fueron sometidas a prácticas constitutivas de tormentos. Las víctimas fueron mantenidas en un régimen brutal de inanición, mantenidas en absoluta oscuridad, privadas de la posibilidad de higienizarse e ir al baño, abstraídos del conocimiento de sus familiares y sin poder mantener contacto con el exterior y con la amenaza de la tortura o de la desaparición. Pos estos hechos y por el homicidio de Rachel Venegas Illanes, torturada en la Comisaría y asesinada el mismo día en que se dispuso “su traslado”, fueron responsabilizados los entonces Tenientes Coroneles del Ejército Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis; ambos por ser Jefes de Área;  el Comisario de la Comisaría Guillermo Néstor Díaz, jefe de la seccional, y los ex suboficiales de la Bonaerense Nildo Delgado, Daniel Mancuso y Alberto Faustino Bulacio.

Por aquella comisaría pasaron tres funcionarios del gobierno bonaerense: Ramón  Miralles, Pedro Goin y Alberto Liberman. En el mismo grupo estuvo Juan Ramón Nazar, director de La Opinión de Trenque Lauquen. Otro grupo, conformado por Jorge Watts, Faustino Fernández, Darío Machado y Ricardo Wejchenberg, llegó allí después de haber estado en El Vesubio.