El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.

Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.

La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.

La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.

En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.

La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.

La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.

Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.

Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar. 
 
 
Resultado de los procedimientos

- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.

- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.

- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.

Hechos salientes

Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.

Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.

Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.

Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
 
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.