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La Comisión Nacional de Gestión Judicial puso en marcha un sistema que permite realizar pagos judiciales a través de Internet, mecanismo que agiliza los tiempos de los procesos y facilita la tarea a los abogados.
Se trata de una prueba piloto que encaran los juzgados nacionales en lo Comercial números 8 y 17, y que próximamente se ampliará a las demás dependencias y a otros fueros.
Mediante el pago online, el juez realiza la verificación del saldo de la cuenta y proporciona la orden de cancelación, todo por Internet. La parte sólo deberá ir al banco a retirar los fondos.
Para llegar a que sea posible esta modalidad de pago en los expedientes judiciales, la Comisión de Gestión –en conjunto con la Cámara Nacional en lo Comercial y el Banco Ciudad- debió proyectar una serie de etapas, las cuales se fueron incorporando en los tribunales de manera gradual. Se trata de la consulta de saldos vía web, el pedido de libranzas por Internet y el aviso electrónico de libranzas.
El sistema de consulta de saldos vía web permite recibir información inmediata sobre el estado de una cuenta, sus movimientos y las medidas trabadas sobre ellas. Apura la confección de los giros judiciales y evita que las partes tengan que ir hasta la sucursal del banco para pedir un saldo, con la consecuente molestia de hacer largas colas.
En tanto, los pedidos de libranzas por Internet posibilitan al juzgado solicitar por la web los formularios provistos por el banco, eliminando el uso del papel –para el requerimiento, respuesta y conforme- y disminuye la presencia del personal del tribunal en la entidad financiera.
Mientras que con el aviso electrónico de libranzas se sustituye la compulsa del expediente en sede judicial para verificar el efectivo libramiento del giro por una notificación electrónica, que impactará directamente en la cuenta judicial. De esa manera, se libera al personal de juzgado de la atención a agentes del banco, que dejarán de concurrir a los tribunales a aquellos efectos, agilizando los trámites de pago.
La Comisión Nacional de Gestión Judicial, que destaca la colaboración de los empleados, funcionarios y magistrados para incorporar estas nuevas herramientas y la predisposición de los letrados litigantes en igual sentido, es la dependencia encargada de delinear políticas estratégicas y planes operativos que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y criterios de gestión, impulsan el rediseño de la organización del Poder Judicial.
El paradigma que propone la Comisión se distingue por reconocer a la gestión judicial como una herramienta de apoyo a la labor de los jueces, así como también la búsqueda de una mejora continua en el trabajo que cotidianamente cumplen magistrados, funcionarios, empleados, auxiliares y abogados.