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Fecha:
Viernes, 13 de marzo de 2009
Confirman procesamientos por muerte de sacerdotes
La Cámara Federal de Córdoba ratificó la decisión de procesar a dos ex oficiales del Ejército y de la Policía, por el homicidio de los religiosos Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, secuestrados en La Rioja, en julio de 1976. Fallo completo
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó los procesamientos con prisión preventiva de dos ex oficiales del Ejército y de las fuerzas de seguridad, por el secuestro y muerte de los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, ocurridos en la provincia de La Rioja, en julio de 1976.
Se trata del vicecomodoro Luis Fernando Estrella y del ex oficial principal Domingo Benito Vera, que son investigados por los hechos ocurridos el 18 de julio de 1976, en horas de la noche, cuando se produjo el secuestro de aquellos sacerdotes, en la casa parroquial de la localidad riojana de Chamical y, tras ser llevados a la sede del CELPA, fueron sometidos a tormentos para obtener información sobre sus actividades y su vinculación con el obispo Enrique Angelelli. Horas después fueron ultimados, apareciendo sus cuerpos sin vida en un predio del ferrocarril, el 20 de julio de aquel año.
En tanto, el tribunal ratificó la falta de mérito de Angel Ricardo Peseta y de Juan Carlos Romero, que también fueron investigados por aquellos hechos.
En sus fundamentos, la cámara consideró que “si bien no ha podido acreditarse a esta altura de la investigación quienes fueron las personas que concurrieron esa noche a la casa parroquial para poder determinar, en su caso, si respondían a las órdenes de alguien, lo cierto es que los testimonios vertidos en la causa resultan coincidentes sobre la manera en que sucedieron los hechos, los cuales, analizados en su conjunto, y relacionándolos correctamente con una serie de indicios existentes en el expediente, permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que el secuestro y posterior muerte de los religiosos se enmarcó en la llamada ‘lucha contra la subversión’ desplegada por las Fuerzas Armadas…, quienes a la época de los hechos ejercían el gobierno del país –en todos sus estamentos-, así como también de las fuerzas de seguridad”.
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