La Corte Suprema de Justicia de la Nación, representada por la ministra Carmen Argibay,  y el  presidente de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS), Joaquín Pedro da Rocha, firmaron este miércoles un convenio de cooperación con el objeto de llevar a cabo actividades conjuntas destinadas a garantizar la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial.

Por medio del acuerdo se promoverá la realización de tareas que contribuyan a desarrollar la formación, capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género en el ámbito de la Justicia y otros organismos nacionales.

El nuevo convenio con FUNDEJUS se suma a los firmados oportunamente entre la Corte y organismos del Estado o ONGs. En efecto, el Máximo Tribunal ya ha suscripto acuerdos de cooperación para trabajar conjuntamente las problemáticas de género con la Procuración General de la Nación; los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS); el programa para Bolivia y el Cono Sur del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y la Asociación Civil Justicia Democrática, entre otros. 

La Oficina de la Mujer (OM), a cargo de la ministra Carmen Argibay, fue creada por la Corte  por medio de la Acordada 13/2009 y desde entonces se plantea el desafío de lograr la equidad de género, tanto en el ámbito de los usuarios del sistema de justicia como respecto de  aquellos que desempeñan funciones en el Poder Judicial.

El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de estado tendiente a prevenir y terminar con cualquier tipo de violencia de género. Cabe destacar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional incorporó la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

A ese marco legal se suma lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, incluido en la ley 24.632, que obliga al Estado Nacional a implementar leyes y políticas públicas en ese sentido. Además, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.485, denominada  Ley de Protección Integral a las mujeres, (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales).

Buenos Aires, 24  de agosto de 2011