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Domingo, 14 de agosto de 2011
Confirman fallo que había ordenado a obra social proveer equipamiento médico a una afiliada
Lo resolvió la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal. En la resolución, el tribunal ratificó una medida cautelar, que exigió la provisión de una bomba de insulina a una mujer que padece diabetes y es insulina requirente
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo de primera instancia que ordenó, como medida cautelar, a una obra social proveer en forma inmediata una bomba de insulina a una afiliada que padece diabetes mellitas tipo I –insulina requirente-.
Según la resolución, firmada por los camaristas Alfredo Gusman y Ricardo Guarinoni, la patología que padece la actora “justifica la toma de medidas rápidas que tiendan a asegurar la efectiva recepción de una atención médica apropiada, como sería la que consiste en contar con una bomba de insulina modelo ‘Paradigma Veo 554/754’, que le fue prescripta”.
Agrega que la invocación de la obra social en el sentido de que la bomba de insulina que ofreció –“Paradigma 715”- satisface los requerimientos de la afiliada “no alcanza prima facie para obstaculizar el derecho de la actora a contar con el equipamiento indicado para su situación, teniendo en cuenta que -como quedó expuesto- fue prescripto por una médica especializada en la materia como consecuencia de la patología que aquí se trata y en función de los resultados obtenidos en los estudios que le fueron realizados”.
“El peligro en la demora es evidente en la especie, en tanto se encuentra en serio riesgo el derecho a la salud de D. N. V., y que las circunstancias que especifican la presente causa exigen una solución particular, que asegure fundamentalmente la valiosidad del resultado de la intervención judicial, priorizando -por sobre intereses de orden patrimonial colectivos- derechos de mayor rango, como son el derecho a la vida y a la preservación de la integridad psíquico-física (arts. 42 de la Constitución Nacional y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, ratificado por ley 23.313 -de jerarquía superior a las leyes internas, según el artículo 75, inc. 22, de aquélla)”, concluye.
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