La política comunicacional de la Corte y el Centro de Información Judicial

Elena Highton de Nolasco*

Desde antaño ha sido muy debatida la forma en la que el Poder Judicial debe dar a conocer sus decisiones o, en otras palabras, de qué manera corresponde que se publiciten las sentencias u otras decisiones judiciales que se toman desde este poder del Estado.

En mi larga experiencia como magistrada en todas las instancias del Poder Judicial, y como miembro activo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, pude observar y también podría describir infinidad de opiniones, de los colegas magistrados y aun del propio periodismo, en sentidos totalmente disímiles, pero con argumentos muy válidos y razonables que justifican cada posición.

Pero para no agotar al lector con la descripción de distintas posiciones, me parece conveniente aprovechar esta oportunidad para expresar, en breves líneas, algunos aspectos que, a mi criterio, resultan transcendentes en la esfera comunicacional del Poder Judicial y que evidencian una posición tendiente a la publicidad amplia de los pronunciamientos y actos de esta rama del gobierno.

Ello así por cuanto el Poder Judicial, como institución pública y dentro de un sistema republicano y democrático de gobierno, debe garantizar el acceso a la administración de justicia, ser independiente, brindar calidad institucional y transparencia. En el ejercicio de esta última cualidad, deben tenerse en cuenta las características propias de este poder del Estado. Es que, por estar dedicado a la resolución de situaciones conflictivas en las que existen intereses encontrados de ciudadanos entre sí, ciudadanos y autoridades o distintos sectores de la sociedad y distintas autoridades entre sí, en muchos casos la publicidad de los actos encuentra límites en la protección de las garantías individuales.

Mas ello no impide que se generen canales de información que otorguen transparencia, y que, por lo demás y como consecuencia directa, generen mayor confianza de toda la sociedad en el propio Poder Judicial.

Brindar mejores vías, que den lugar a mayor información sobre la forma como se resuelven los conflictos, las responsabilidades, procedimientos, normas, reglas y todas aquellas actividades desplegadas por sus integrantes, permite que el ciudadano tenga un conocimiento más acabado del quehacer judicial y, por ende, una mayor credibilidad en el sistema.

A su vez, la transparencia que sin duda se produce mediante un sistema de información idóneo y accesible al ciudadano, le permite a éste –si se encuentra interesado– efectuar un control sobre el mismo funcionamiento del sistema judicial.

Por otro lado, considero imprescindible que la forma de comunicar sea a través de un lenguaje sencillo y comprensible para el ciudadano común.

Es sabido que una de las barreras del acceso a justicia es el lenguaje. El acceso a justicia es un elemento indispensable para lograr un Estado de derecho genuino, en tanto constituye un derecho fundamental en sí mismo, que permite garantizar otros derechos.

Y el lenguaje jurídico como herramienta de comunicación presenta particularidades en su técnica que resultan difíciles de comprender, representando de esta manera una de las principales barreras para el acceso a justicia. En algunos casos, no es sencillo ni siquiera para los operadores de derecho interpretar plena y acabadamente el texto de una sentencia, una ley, un decreto u otro texto redactado en “idioma legal”. El lenguaje jurídico parece concebido en algunos casos para no ser entendido por la sociedad en general. La gente no comprende muchos de los términos que se utilizan, y ello contribuye a explicar –aunque sea en parte– la opinión que a veces se tiene sobre el funcionamiento de la Justicia, y hasta sobre la propia profesión de abogado.

Esto torna imperioso buscar las formas para allanar el lenguaje de una manera consciente, clara y sistemática.

Y es por ello que, aun cuando los términos utilizados en los fallos mantengan un lenguaje técnico propio de los operadores del derecho, es necesario adaptarlos a un lenguaje adecuado a la capacidad intelectiva media y, en la oportunidad de comunicarlos, a las condiciones socioculturales del conjunto de la sociedad.

También es importante difundir estadísticas y noticias vinculadas a otras actividades, como, por ejemplo, la desplegada por la Oficina de Violencia Doméstica o el mapa donde aparecen completos todos los medios y herramientas para acudir a otras formas alternativas a las sentencias para resolver los conflictos.

De lo contrario, se agravaría el obstáculo para la igualdad de condiciones en materia de acceso a justicia, impidiendo además que las personas más vulnerables –quienes más lo necesitan– puedan conocer sus derechos y deberes. Es necesario dar clara expresión de las vías que tienen todos los ciudadanos para resolver sus disputas de forma pacífica, y que no es necesario ni conveniente acudir directamente a los tribunales, que se vislumbran como una Justicia alejada de algunos sectores de la sociedad.

Resulta por tanto sumamente relevante que la forma de comunicar el quehacer judicial sea mediante un discurso que la gente entienda. Los abogados tendemos a hablar “en difícil”, por lo tanto lo importante es tener un lenguaje para todos los grupos de la sociedad, para los jóvenes, para el adulto mayor o para los ciudadanos con menores posibilidades de desarrollo cultural. Todos son usuarios o potenciales usuarios del sistema y merecen que a través de un buen medio de comunicación del Poder Judicial tengan a su alcance la posibilidad de saber cómo pueden ejercer sus derechos para no sentirse marginados del sistema.

En este contexto y con esta finalidad se ha ideado el Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que integro.

Fue concebido, como es sabido, sobre la base de las políticas de comunicación implementadas por el Tribunal y aunadas con las otras de gestión y acceso a justicia, originadas desde la primera Conferencia de Jueces y luego plasmadas en el documento presentado por el presidente Dr. Ricardo L. Lorenzetti en el año 2007.

Pero lo importante, a mi criterio, es que la implementación de este Centro de Información Judicial fue y es acompañada por un rol protagónico de todas las magistradas y magistrados del país, que le fueron dando impulso desde su participación en las Conferencias de Jueces, y hoy día acompañando la labor que a diario realiza el personal que lo integra, con la entrega y puesta en conocimiento de la información relevante para la sociedad.

No cabe duda de que, para generar confianza en el sistema, los medios de comunicación cumplen un rol estratégico y la investigación periodística sobre los asuntos públicos resulta en muchos casos de suma importancia para la transparencia que exige un sistema republicano.

Pero los medios deben informar sobre todos aquellos aspectos vinculados al quehacer judicial que se puedan dar a conocer. Por ello se encuentra reglamentada la posibilidad de entrar a todos los juzgados a revisar expedientes (Reglamento para la Justicia Nacional). Es importante que sean los jueces quienes, en la medida que corresponda, faciliten la información clara y exacta. Para este cometido resulta necesario tener canales abiertos a los efectos de que la noticia que circule sea lo más fiel posible a lo que ocurre en los juzgados. Y este nuevo medio directo de información y comunicación ha sido reinterpretado con la creación del Centro de Información Judicial y asumido como propio para esos fines por los mismos integrantes del Poder Judicial.

Así, no solo se puede obtener un tratamiento adecuado de los asuntos judiciales, sino que se evita que por canales inadecuados se trasmita una noticia errónea, como con frecuencia sucedía cuando se obstaculizaba o impedía desde el mismo tribunal la información  precisa y adecuada a las circunstancias del caso.

Entiendo pues que el trabajo que viene desarrollando el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, junto con todos los magistrados y magistradas del país, con el esfuerzo que el mismo acarrea, se encuentra encaminado sobre los pilares descriptos, los que a mi criterio resultan trascendentes en materia de comunicación o información judicial y redundan, en definitiva, en mayor eficacia y calidad del sistema.

* Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación