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Martes, 10 de marzo de 2009
La Corte convoca a los demás poderes para acelerar juicios de lesa humanidad
El Máximo Tribunal instó al Ejecutivo y al Legislativo a poner en marcha una comisión interpoderes que permita acelerar juicios por violaciones a derechos humanos. También convocó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, para tratar cuestiones presupuestarias
Tras el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó al Ejecutivo y al Congreso a poner en marcha una comisión interpoderes para trabajar en conjunto en la celeridad de las causas por violaciones a los derechos humanos.
La decisión se enmarca en lo establecido por la acordada del Alto Tribunal 42/08, en la cual se tomó la decisión de invitar al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura de la Nación a coordinar esfuerzos para resolver dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales.
Con la firma de su presidente, Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal envió sendas notas al Ministerio de Justicia de la Nación, al Senado y a la Cámara de Diputados invitándolos a constituir aquel organismo plural. La invitación fue girada además a la Procuración General de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que también participen del proyecto.
En este marco, la Corte les solicitó que designen un representante "para trabajar en áreas de superintendencia de derechos humanos, en los temas relacionados con los juicios referidos a crímenes de lesa humanidad".
En tanto, el Máximo Tribunal invitó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, para resolver cuestiones presupestarias. En particular, los ministros de la Corte le pedirán al representante del Ejecutivo que autorice las partidas presupuestarias para designar más personal en aquellos tribunales donde se sustancien causas vinculadas con la violación de derechos humanos.
Pedido de informes a jueces
En tanto, la Corte también resolvió requerir informes a jueces que tienen a su cargo causas de lesa humanidad.
De esa manera, requerirá a magistrados que identifiquen problemas concretos que demoran los procesos, a tribunales orales que presenten un cronograma de causas (esto es cuándo se realizarán los juicios orales) y a los tribunales de instrucción que informen cuándo se elevarán a juicio las causas con procesados y que identifiquen medidas para que el proceso termine en tiempo razonable en las que aún no tienen procesados.
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