Enmarcado en los proyectos de modernización del servicio de justicia, que implica la inversión continua en tecnología, impulsados por el Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial, que preside el CPN Daniel Marchi, titular de la Secretaría de Administración de la Corte Suprema, crece en todo el país el uso del sistema de videoconferencia en causas penales, incluidos los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Así, desde el año 2009 -cuando el Tribunal Oral Federal de Formosa solicitó asistencia técnica para que declare uno de los imputados que residía en la Ciudad de Buenos Aires y no podía trasladarse hasta aquella ciudad y, con ello, se dio comienzo a una nueva etapa en la aplicación de tecnologías en el servicio de justicia- se desarrollaron casi 1000 horas de audiencias a través de videoconferencia.

Son 17 los tribunales que tomaron declaración a imputados y testigos mediante ese sistema, que en muchos casos son de avanzada edad y adolecen de diferentes problemas de salud, lo que dificulta su traslado o asistencia al recinto donde se desarrollan los juicios orales.

Esa posibilidad está dada por la existencia de una “red nacional de videoconferencia”, con equipos provistos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación e instalados en todas las jurisdicciones federales con sede en las provincias.

A su vez, el Consejo de la Magistratura ha incorporado equipamiento en las salas de audiencias de tribunales orles y, para casos especiales, en domicilios particulares y dependencias de distinta índole a fin de receptar las declaraciones.

Esa red conforma una solución única en su especie, desde el punto de la flexibilidad para la inclusión de testigos o imputados en corto plazo, ante el requerimiento del Tribunal que tramita el debate.

El impulso que ha dado la Corte Suprema de Justicia a la aplicación de nuevas tecnologías, en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional, no se limita a mejorar la eficiencia de los Tribunales con relación al expediente, sino también propiciando la inclusión de soluciones de avanzada, vinculadas a técnicas audiovisuales y de comunicaciones, como es el caso de la videoconferencias para la sustanciación de audiencias en causas penales de singular trascendencia institucional.

Algunos casos

• Tribunal Oral Federal de la Capital Federal con un imputado con prisión domiciliaria alojado en un hospital policial. Se habilitó un equipo de videoconferencia, conectado por medio de un enlace de Internet, el cual fue instalado en una sala especial del Hospital que permitió que el imputado interactuara con el Tribunal durante el debate oral.

• En esta misma causa se inauguraron videoconferencias con el extranjero. Para lograr la instalación de este servicio se requirió la imprescindible colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. A la fecha se han enviado e instalado equipos de videoconferencia en las sedes consulares de México DF (México), Madrid (España), Miami (USA), Washington (USA) y Estocolmo (Suecia).

• Asimismo se realizaron videoconferencias con equipos aportados en distintas instituciones en diferentes ciudades, como ser Paris (Francia), Montevideo (Uruguay), Valparaíso (Chile), Cambridge (Gran Bretaña), La Habana (Cuba), La Paz (Bolivia), Toronto (Canadá) y Asunción (Paraguay).

• Se conformaron diversos servicios con domicilios de imputados por prescripción médica, con testigos de singular importancia, por tratarse de personalidades vinculadas a la materia de derechos humanos, que debían prestar testimonio desde la Capital Federal ante diversos Tribunales del interior del país (Magdalena Ruiz Guiñazú, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Luis Duhalde, Jorge Bergoglio, etc.).

Comité Ejecutivo

Mediante una acordada firmada el 28 de abril último (6/2011), la Corte Suprema de Justicia creó el Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial de la Nación y que está conformado por dos integrantes del Máximo Tribunal y otros dos del Consejo de la Magistratura de la Nación (resolución 14/11), siendo presidido por el secretario general de Administración de la Corte, CPN Daniel Marchi.

Entre las funciones del Comité Ejecutivo están: elaborar la planificación plurianual para la jurisdicción en lo referido a inversiones, principalmente en infraestructura y tecnología; desarrollar los programas y políticas de inversión acorde a la planificación establecida, e implementar los controles necesarios sobre el cumplimiento de políticas y programas establecidos.