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La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudó este miércoles la audiencia pública que había pasado a cuarto intermedio el 16 de marzo de este año en el marco de la causa “Mendoza”, a fin de evaluar los avances en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, ordenado en 2008 por el fallo dictado en el mencionado expediente.
El Máximo Tribunal escuchó, durante más de dos horas, la exposición del adjunto 1º del Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Anselmo Agustín Sella; del presidente de la Auditoría General de la Nación, doctor Leandro Despouy; y del presidente de ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación, doctor Juan José Mussi. Luego, requirió precisiones al responsable de ACUMAR sobre los resultados del programa de ejecución obligatoria impuesto en la referida sentencia.
En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco y los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
La Corte requirió precisiones
Todas las preguntas del Tribunal estuvieron dirigidas al representante de ACUMAR. Al respecto, Lorenzetti recordó que surge de la sentencia de 2008 que el responsable jurídico de la ejecución y cumplimiento del plan de saneamiento es ese organismo y aclaró: “Creemos que la función del Tribunal es orientar al logro de la efectividad en el cumplimiento del plan”.
La Corte Suprema solicitó al doctor Mussi que brindara detalles específicos sobre cuestiones relativas a las mejoras y grados de avance del plan de saneamiento.
Entre otros temas, los ministros requirieron respuestas precisas sobre la disparidad de los informes presentados desde 2008 a la fecha; los resultados de las pesquisas de salud realizadas a la población más desprotegida, su seguimiento clínico (específicamente los niños en riesgo) y la elección de parámetros de investigación utilizados con el objetivo de que se garantice la continuidad del plan; la utilización de los criterios científicos para evaluar las medidas adoptadas; el nivel y los plazos de ejecución de obras de saneamiento cloacal y de las plantas depuradoras; la calidad actual de los vertidos en la cuenca; el avance en el trabajo emprendido en la relocalización de empresas contaminantes; la utilización de los créditos obtenidos y el flujo de recursos que se incorporará al fideicomiso para garantizar la regularidad de las obras; el estado de cumplimiento del cronograma para la eliminación de basurales a cielo abierto; y los resultados obtenidos de censos e inspecciones realizados a las empresas para determinar su nivel de contaminación.
Informe de Prensa Nº 31 Buenos Aires, 1 de junio de 2011