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Fecha:
Viernes, 11 de marzo de 2011
Causa Riachuelo: la Asociación de Magistrados dijo que las órdenes judiciales deben acatarse
En un comunicado remarcó que los poderes públicos deben cumplir las decisiones de los jueces “sin que quepa interpretación alguna por parte de aquellos”. Lo dijo en referencia a la orden de desalojo dispuesta por el juez Luis Armella
A continuación, el comunicado completo
“En el día de la fecha el Señor Juez Federal de Quilmes, Dr. Luis Armella, vió impedida la ejecución de una medida por él dispuesta, ante la falta de colaboración en aquélla por parte de las fuerzas públicas de seguridad nacionales y metropolitana.
En el marco de la causa “Mendoza, Beatriz y Otros s/Ejecución de Sentencia”, cuyo cumplimiento le fuera delegado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se vincula con el saneamiento de la cuenca del Río Matanza –Riachuelo, el señor Magistrado dispuso el allanamiento y posterior desalojo de un complejo habitacional destinado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, (ACUMAR) y la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, a la reubicación de habitantes de zonas ribereñas riesgosas y a raíz de lo peticionado en aquel expediente por el primero de los organismos citados.
Para la ejecución de tales diligencias el señor Juez Federal requirió de los Ministerios de Seguridad de la Nación y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las fuerzas públicas a su cargo cumplieran con la manda el día 10 de marzo del corriente año a las 08:00 horas, la que no pudo llevarse a cabo por la falta de asistencia de los organismos requeridos.
Esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, reafirma y reclama de los poderes públicos, que las decisiones adoptadas por los Jueces dentro del ámbito de su competencia y dirigidas a los organismos legalmente obligados a auxiliarlos sean acatadas y cumplidas de inmediato, sin que quepa interpretación alguna por parte de aquéllos.
Situaciones como la presente nos obligan a enfatizar el sostenimiento de nuestra inquebrantable defensa de la independencia del Poder judicial y del respeto por la investidura y jurisdicción de los Magistrados, ante la improcedente intromisión de otros poderes públicos.”
Buenos Aires, Marzo de 2011
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