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    Piden 25 años de prisión para los cuatro acusados en juicio oral por crímenes en Automotores Orletti

    Lo solicitó este jueves una de las querellas, durante su alegato. Es en el debate que encabeza el TOF 1 de la Capital por delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino. Entre los imputados está el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti

    Este jueves, ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de la Capital, comenzaron los alegatos en el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, durante el último gobierno militar.

    En la jornada realizó su exposición el abogado querellante Gonzalo Romero, que representa a un grupo de ciudadanos uruguayos. Durante su alegato solicitó se condene a 25 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas a los cuatro acusados.

    Los imputados son Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), a quienes se los acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

    Cabe recordar que en el proceso también estaba acusado el ex coronel Rubén Visuara, quien falleciera el pasado viernes.

    El juicio oral se reanudará el próximo miércoles, con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también actúa como parte querellante. Luego se espera la exposición del Ministerio Público Fiscal y después la de las defensas.

    Desde el 3 de junio de 2010, cuando arrancó el juicio, más de 80 testigos expusieron su testimonio ante el tribunal, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

    El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio de Flores, en la Capital Federal, en una cuadra de viviendas comunes, y estuvo por entonces bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

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