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Viernes, 31 de diciembre de 2010
Elevan a Casación planteo contra el sobreseimiento de De la Rúa por incidentes del 20 de diciembre
Lo dispuso la Sala II de la Cámara Federal porteña. Se trata de la investigación contra el ex presidente de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones culposas, ocurridos ese día de 2001 durante manifestaciones en la Capital Federal. Fallo completo
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal concedió los recursos de casación presentados contra el fallo del mismo tribunal que, el 9 de noviembre último, confirmara el sobreseimiento de Fernando De la Rúa en la causa por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001, en la cual el ex presidente estaba acusado por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Se trata de los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, que actúan como querellantes particulares.
En noviembre, la Cámara había ratificado por mayoría el fallo que dispusiera el sobreseimiento de De la Rúa, sobre la base de negar que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al por entonces presidente de la Nación en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior, obligándolo de ese modo a reasumir decisiones administrativas delegadas por ley en una cadena jerárquica de funcionarios subalternos -que tenían a su cargo la dirección de la faz operativa del aparato de seguridad montado en la Ciudad de Buenos Aires- y evitar, con ello, que se produjeran los homicidios y lesiones ocurridos durante la jornada.
Asimismo, se resaltó que De la Rúa no había tomado decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior, en particular alguna que indicara que se debía impedir la congregación de manifestantes en la Plaza de Mayo, dejando el manejo de la cuestión en los órganos que tenían competencia específica en la materia.
Y se agregó que desde su ámbito funcional podía confiar en que cualquier abuso o incorrecto desempeño de la Policía Federal Argentina sería controlada e informada por quienes se desempeñaban como secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y/o ministro del Interior, Ramón Mestre (principio de confianza).
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