A fin de ampliar las redes de atención y asesoramiento de la Oficina de Violencia Doméstica, la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, firmaron este lunes un convenio de cooperación con el objetivo de “coordinar y complementar los recursos para facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas”.

Highton dijo que los últimos casos de violencia familiar que han tomado conocimiento público a través de la prensa evidencian que la Corte Suprema decidió intervenir en el tema en el momento adecuado.

“La defensora general de la Nación desde siempre nos ha expresado su preocupación en relación a este tema, por ello estamos trabajando juntas. La Defensoría está colaborando con la Oficina (de Violencia Doméstica) para que un defensor civil y otro penal asistan a las víctimas”, explicó Highton.

La ministra brindó datos acerca de la demanda social ante hechos de violencia familiar y sostuvo que por mes se realizaron cerca de 600 denuncias, de las cuales el 86% fueron hechas por mujeres, y el 14% por varones (la mitad de ellos, niños). Apuntó que el 70% de los casos atendidos correspondió a situaciones de maltrato físico.

En tanto, Martínez consideró que la participación del organismo a su cargo en este proyecto implica un paso decisivo para visualizar la violencia de género. Si bien aclaró que la Defensoría General de la Nación, por mandato constitucional, debe actuar en defensa de los sujetos imputados de haber cometido agresiones, ha decidido establecer acciones tendientes a garantizar el acceso a justicia de los afectados, principalmente de personas carentes de recursos, a través de la intervención de dos abogados –uno especializado en derecho civil y otro en derecho penal-, para que las víctimas de violencia puedan concurrir a la OVD y consultar las vías legales adecuadas.

Finalmente, Martínez sostuvo que “debe haber una actuación temprana y eficaz de la justicia, y esto se logra orientando a las víctimas en el momento oportuno”.

El convenio prevé, asimismo, que personal especializado del Ministerio Público de la Defensa preste funciones en la Oficina de Violencia Doméstica a fin de “brindar asesoramiento y eventualmente patrocinio, a las mujeres adultas víctimas de violencia familiar, sin perjuicio de la intervención que corresponda de los defensores públicos oficiales ante los jueces y las cámaras nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo.

A su vez, el acuerdo contempla que los Defensores Públicos Oficiales de Menores e Incapaces de primera instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires dependientes de ese ministerio, actuarán en forma coordinada con la OVD en los casos en los que resulten víctimas personas menores de edad o discapacitados.

Finalmente, el convenio establece que la Defensoría General de la Nación brindará patrocinio en causas penales en los casos derivados a esa oficina.