El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, citó a indagatoria a 22 empresarios en el marco de la causa por el caso Siemens, donde se investigan actos presuntamente fraudulentos en la contratación para la provisión de documentos nacionales de identidad adjudicada a un consorcio liderado por esa empresa.

Se trata de la primera ronda de declaraciones, que comenzará el próximo 15 de marzo. Los citados son: Carlos Sergi, Carlos Fernando Soriano y Miguel Alejandro Czysch, por el Grupo Proyecto; Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Herbert Hans Steffen y Ralph Matthias Kleinhempel, por Siemens Argentina; Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Ernst Michael Brechtel, Eberhard Georg Reichert, Bernd Regendantz y Paul Taylor por Siemens Bussines Services S.A.; Uriel Jonathan Sharef, por Siemens AG -Aktiengesellschaft-; José Alberto Ares, Juan Carlos Denicolay, Rubén Daniel Slame, por Sit S.A. -Siemens IT services SA-; Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Claudia Maskin, por Itrón S.A.; Antonio J. Solsona y Guillermo Romero, por Socma Americana SA, y Ricardo Rossi Beguy, por MTC Mercosur Technology and Comunications SA.

Los empresarios deberán dar explicaciones ante el juez con relación a la parte privada de la maniobra.

Investigación

Durante la investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo, se verificó el rol que cumplieron las personas que pertenecieron al sector privado en las presuntas coimas pagadas por el multimillonario y frustrado negocio de los DNI.

Por el tipo de pesquisa -pago de coimas por la adjudicación de contratos-, suele estructurarse el grado de responsabilidad y conocimiento en forma escalonada. Esto implica, primero definir la existencia de los pagos y en una segunda etapa se constata cuál fue la participación de los funcionarios públicos que se involucraron en el negocio.

Para llegar a este punto, durante la investigación se relevó y se analizó documentación de la licitación, se libraron exhortos internacionales con respuestas nulas o incompletas, se tradujeron documentos reservados en idioma inglés y alemán e, incluso, al principio de la investigación, hubo una negativa “sistemática” en la obtención de información, lo que motivó el traslado personal del magistrado a tomar conocimiento del proceso judicial que se lleva adelante en Munich, Alemania.

Finalmente, y con la colaboración e información brindada por Siemens SA y los documentos presentados por Siemens AG, la causa cobró un nuevo impulso ya que se aportaron 60 transacciones irregulares que daban cuenta de las coimas pagadas por el proyecto de los DNI.

Las maniobras de la licitación

Durante la investigación pudieron verificarse las maniobras que se realizaron alrededor de la Licitación Pública n° 1/96 para la Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas (D.N.I.) que fue adjudicada a Siemens.

Del expediente licitatorio dos empresas disputaron desde el inicio la adjudicación del contrato. Por un lado la UTE, conformada por Itrón SA, SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd., y por otro la empresa Siemens It Services S.A..

Una vez finalizado el proceso licitatorio, la filial Siemens Bussines Services S.A. acordó con la empresa Socma Americana S.A., perteneciente entonces al Grupo Macri, la compra del 60% del capital accionario de Itrón S.A., que tiempo atrás había competido con Siemens It Services S.A. por el contrato DNI.

En tanto, Siemens It Services solicitó al subsecretario de Población, Aldo Carreras, autorización para sustituir a la empresa Mailfast S.A. por la empresa Correo Argentino S.A. (del Grupo Macri), como subcontratista para la distribución de los documentos nacionales de identidad.

Finalmente, en diciembre de 1999, con la asunción de Fernando De la Rúa como presidente de la Nación en lugar de Carlos Saúl Menem, la ejecución del contrato suscripto entre Siemens It Services S.A. y el Ministerio del Interior de la Nación fue suspendido por la decisión del nuevo gobierno de renegociar sus términos.

El camino de las coimas

En diciembre de 2006 y en medio de sospechas por corrupción a nivel mundial, la empresa Siemens Aktiengesellschaft contrató al estudio jurídico estadounidense Debevoise and Plimpton LLP para que conduzca una investigación independiente con el fin de determinar si en Siemens AG o alguna de sus subsidiarias se habían violado disposiciones anticorrupción.

Así pudo constatarse que “…desde 1997 a enero de 2007 o alrededor de esa fecha, Siemens Argentina pagó o hizo que se pagaran al menos u$s 15.725.000 directamente a entidades controladas por miembros del gobierno argentino, al menos u$s 35.150.000 directamente al Grupo Consultor Argentino y al menos u$s 54.908.000 a otras entidades…”. Igualmente, se comprobó que “…Siemens Argentina hizo que SBS celebrara acuerdo con el Grupo Consultor Argentino…”, mientras que, según empleados de la empresa, “…parte o la totalidad de esos fondos pasarían a funcionarios argentinos con fines corruptos por haber obtenido, asegurado o reinstaurado el proyecto de los documentos nacionales de identidad para Siemens Argentina…”.

Desde la presentación efectuada por Siemens Aktiengesellschaft, que dio cuenta de 60 operaciones de pagos irregulares (por un monto total de u$s 106.302.706) realizados por filiales o subsidiarias de ésta y directamente vinculadas a la Licitación n° 1/96, la investigación se dirigió a la identificación de aquellas personas que habían intervenido en la cadena de pagos.

En tal sentido, las medidas de prueba ordenadas en relación con las erogaciones que la empresa dio a conocer en el año 2009 permitieron verficar el pago de u$s 15.000.000 a la sociedad Air Traffic Control Corporation S.A., de u$s 6.985.853,27 a la sociedad Meder Holding Corporation, de u$s 1.244.120 a la sociedad Rodmarton Ltd., de u$s 1.116.230 a la sociedad Linfarm Inc. S.A. y de u$s 1.098.900 a la sociedad Consultora Neelrey S.A.  

Paralelamente se agilizó por la vía diplomática la gestión iniciada el 21 de agosto de 2008 con las autoridades judiciales de la República Federal de Alemania, a los efectos de concretar la visita a la Fiscalía de Munich I con el objeto de tomar vista de la causa que allí se realizaba contra empleados de Siemens por corrupción. Sin embargo, el viaje no tuvo lugar sino hasta junio de 2009. Ello, toda vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania resolvió, el 15 de septiembre de 2008, que hasta no finalizar las investigaciones en Alemania la justicia alemana no podía adelantar información a la argentina.

Finalmente, con motivo de la visita realizada por el juez Lijo se incorporaron al legajo, entre otros documentos, las declaraciones indagatorias de Ralph Matthias Kleinhempel (ex-ejecutivo de Siemens S.A.), Uriel Jonathan Sharef (ex-director de Siemens AG) y Bernd Regendantz (ex-ejecutivo de Siemens Bussines Services), así como también los testimonios de Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard Georg Reichert y Michael Brechtel (ex-ejecutivos de Siemens Bussines Services).

La información que se conoció a través de estos documentos se encuentra en sintonía tanto con varias de las transacciones oportunamente denunciadas en la investigación por Siemens AG como con la acusación aceptada por la empresa frente a la Security and Exchange Commision (SEC) de los Estados Unidos de América: la empresa habría pagado elevadas sumas de dinero a altos funcionarios públicos del gobierno argentino, directamente y/o a través de un Grupo Empresario integrado por los señores Carlos Sergi, Carlos Fernando Soriano y Miguel Alejandro Czysch, en relación con el contrato firmado en el marco de la Licitación n° 1/96.

También se cuenta en la investigación con las facturas de las sociedades Pepcon Corporation S.A., Finli Advisors Group Inc. y/o Mirror Development Inc. que debían ser canceladas a través de una cuenta que una consultora uruguaya denominada “CHT Auditores y Consultores” registraría en el Hongkong and Shangahi Banking Corporation (HSBC), sucursal Hong Kong, de la República Popular China.

Según la investigación, estas sociedades serían los conductos a través de los cuales fluyeron los pagos que la empresa Siemens Aktiengesellschaft (filiales y/o subsidiarias mediante) realizaba a funcionarios argentinos en relación con el proyecto DNI.

Justamente, a los efectos de acreditar debidamente el alcance de la participación que habrían tenido los funcionarios públicos del Gobierno argentino en el hecho investigado, en paralelo con el llamado a indagatoria se ordenó el libramiento de exhortos internacionales a Hong Kong, Montevideo, Panamá, Munich y Zurich.