Con relación a los trágicos episodios acaecidos en Colonia La Primavera donde el martes a la tarde en un enfrentamiento en la ruta 86 perdieron la vida un oficial de la Policía provincial y un aborígen integrante de la etnia Toba, el Superior Tribunal de Justicia expresó el profundo dolor por la muerte violenta de los dos formoseños, pero al mismo tiempo manifestó su preocupación por el cuadro de gravedad institucional que implica la obstrucción al legítimo ejercicio de las facultades que la Constitución y la legislación vigente asignan a los magistrados judiciales en cuanto es de su exclusiva función la interpretación y aplicación de las leyes.

En este caso, dicho ejercicio se orientó a la ejecución de ordenes judiciales en un inmueble rural y en el marco de causas judiciales tramitadas de acuerdo a la legislación vigente.

El pronunciamiento de la Corte Provincial se refiere al hecho concreto de que el juez de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, Julio Mauriño y efectivos policiales que lo secundaban, no pudieron llevar a cabo el allanamiento a un inmueble rural de la zona porque los aborígenes apostados en la ruta 86 frenaron con un piquete el avance de la comitiva impidiendo que llegara al campo de la familia Celias donde el juez debía realizar una diligencia que dispuso en dos actuaciones judiciales por un incidente ocurrido el mismo día pero en horas de la mañana. Fue en estas circunstancias cuando se desató el enfrentamiento donde el oficial de Policía cayó moralmente herido frente al juez Mauriño, quien quedó atrapado en medio del incidente corriendo riesgo su propia vida.

La gravedad institucional denunciada por el STJ forma parte del Acuerdo de ministros del miércoles  24 del actual; cuyo contenido y alcances fueron comunicados al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, la Federacion Argentina de la Magistratura, el Consejo Profesional de la Abogacía, la Federacion Argentina de Colegios de Abogados y  los poderes públicos de la Provincia.

En la misma Acordada el STJ pone a disposición del juez de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, Santos Gabriel Garzón todos los medios materiales y humanos que requiera para la dilucidación del caso que se encuentra bajo su exclusiva investigación.

El informe

El pronunciamiento del STJ surgió tras el informe brindado por el ministro Ariel Gustavo Coll quien el miércoles en horas de la mañana fue comisionado por sus pares y se constituyó en la ciudad de Clorinda para interiorizarse del estado del juez Mauriño, el secretario Pablo De Philippis y la fiscal Gloria Rejala.

De las sucevias reuniones que mantuvo con el magistrado y demás funcionarios de la Segunda Circunscripción, el ministro Coll pudo colegir que los incidentes producidos en horas de la tarde del día 23 de noviembre en la Colonia “La Primavera” se originaron en el marco de una comisión judicial dispuesta en cumplimiento de órdenes impartidas por el juez Mauriño en ejercicio de su competencia -quien además encabezó el procedimiento- ante un hecho acaecido en horas de la mañana del mismo día y en el cual ya había participado una comisión policial.

El relato de Coll brindado a sus pares agrega que fue en aquella ocasión que se genera “prima facie” una resistencia al cumplimiento del mandato judicial, hecho respecto a cuya modalidad e individualización de sus protagonistas se encuentra en plena etapa de investigación por parte del Juez Garzón,  por excusación del juez Mauriño,  y sobre la cual el ministro Coll no emitió opinión alguna, habiendo solamente tomado conocimiento de los avances de la etapa instructoria.

Del informe recabado en Clorinda, el magistrado confirma que  tanto  el Juez Mauriño  como  el secretario De Philippis se encontraban en el lugar donde se produjo el enfrentamiento entre manifestantes  y miembros de la comisión policial que acompañaba al juez de la Segunda Circunscripción, en tanto la fiscal Gloria Rejala permaneció en el vehículo oficial de la Segunda Circunscripción Judicial un poco mas apartada,  registrándose en esa ocasión  la muerte violenta de del oficial de Policía  a escasos metros del juez Mauriño, advirtiéndose minutos después la existencia de otra víctima fatal perteneciente a a comunidad aborígen del lugar.

El doctor Coll resalta en su informe que los hechos descriptos  se desarrollaron en el marco y en plena ejecución  de una diligencia judicial ordenada por el juez competente en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales.

El reporte concluye señalando que sin perjuicio de ello, tanto el magistrado judicial como los funcionarios que participaron del operativo se encuentran en buen estado de salud, aunque conmocionados por la inusual situación vivida.