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    Corrientes: la Corte provincial reformuló su presupuesto

    El Superior Tribunal de Justicia aprobó los cambios de su anteproyecto de Presupuesto, que será de $258.126.502 millones. La nueva cifra implica una reducción cercana al 7% ,con relación a la anterior propuesta

    En el acuerdo N° 2/09, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes (STJ) resolvió readecuar el anteproyecto de presupuesto que el Poder Judicial eleva anualmente al Ministerio de Hacienda, reduciendo de 277.451.166 a 258.126.502 millones de pesos.

    La disminución de 19.324.664 millones de pesos equivale al 6,97%, y se aplicó principalmente en el diferimiento de obras de infraestructura que se habían planificado para el presente año, aunque también se verá afectada la política salarial.

    La reformulación se produce luego de que desde aquella cartera se informara al STJ que se había establecido en 204.389 millones de pesos el techo presupuestario para su funcionamiento. El monto fue evaluado como "insuficiente" para sostener el normal funcionamiento del Poder Judicial.

    Los ministros, quienes ya habían advertido la semana anterior que esa cifra no permitiría aumentos salariales, refuerzos de personal y puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales, ahora afirmaron que "significaría la paralización de las políticas que viene desarrollando el Superior Tribunal de Justicia en materia de infraestructura".

    "No sería posible implementar ninguna nueva dependencia de las creadas por las leyes de la Provincia, menos aún continuar con el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración de Justicia que requiere de permanentes inversiones en infraestructura; y afectaría la intangibilidad de los sueldos de los magistrados - garantizada constitucionalmente - al no permitir una recomposición salarial que evitaría la pérdida del valor adquisitivo de los salarios" se señaló en la acordada.

    La Corte provincial consideró que a las autoridades provinciales les corresponde garantizar y asegurar el funcionamiento de la Administración de Justicia, reduciendo en todo caso las erogaciones del Estado Provincial en áreas no prioritarias.

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