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Fecha:
Viernes, 17 de septiembre de 2010
Riachuelo: piden informes para controlar la limpieza de márgenes
El Juzgado Federal de Quilmes exigió a ACUMAR y a AySA que informen el trabajo realizado y el cronograma a futuro. Especialmente, busca controlar la labor de las cooperativas de trabajo, asignadas a aquella tarea por municipios. Resolución completa
El titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Armella, solicitó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y a la empresa AySA un informe “individualizando, con nombre y apellido, a cada una de las personas responsables para la adecuada prosecución de las acciones pertinentes a la limpieza de las márgenes del río y arroyos tributarios”.
La resolución se da en el marco de la ejecución de la sentencia del fallo “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el saneamiento del Riachuelo.
Para cumplir con la labor de la limpieza de las márgenes del río, AySA firmó convenios con los municipios de Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown, La Matanza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, dichos municipios asignaron para esa tarea a cooperativas de trabajo, integradas por personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad social.
Ante esta situación, el juez quiere saber quiénes son los responsables de realizar dicha labor, “a los fines de poder llevar adelante un control apropiado de las tareas que vienen desarrollando las Cooperativas implicadas en la remediación ambiental”.
Según la resolución firmada por Armella, “corresponde requerir a la Autoridad de Cuenca y AySA que se manifieste sobre cómo están desarrollando las tareas saneadoras dichas Cooperativas, si las mismas vienen acompañando los ritmos de trabajo impuestos por AySA, si los Municipios le están dando el uso correcto a los recursos materiales, tecnológicos y humanos que se han destinado para las tareas relativas a la limpieza de los márgenes del río, y todo aquello que fuera relevante en la prosecución de dichas tareas”.
Además, señaló que “resulta necesario que tanto la ACUMAR como AySA denuncien en autos si hasta el momento han advertido la interferencia de las labores debido a cuestiones políticas, falta de idoneidad en alguno de los cooperativistas, o cualquier tipo de entorpecimiento u obstaculización de hecho o de derecho que distraigan la efectiva obra pro ambiental”.
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