Jorge Franza y Marcelo Vázquez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, analizaron el posible traspaso de cerca 150 delitos penales al ámbito de la Justicia porteña, que actualmente se juzgan en el fuero Criminal y Correccional de la Nación.

“Creo que es un paso adelante para que el ciudadano tome conciencia de la existencia de una Justicia local. Esto reivindica la Justicia porteña, que tiene un Código Procesal moderno, con mucha publicidad, donde el fiscal es el titular de la acción, con audiencias orales que otorgan mayor celeridad en la resolución de las causas”, expresó Franza en la entrevista con el CIJ.

El proyecto de ley que ordena el nuevo traspaso de competencias ya cuenta con media sanción del Senado y fue girado a la Cámara de Diputados. De aprobarse, sería el tercer convenio de traspaso de competencias penales de la Nación a la Ciudad, tomando en cuenta los ya acordados en los años 2000 y 2004.

“En la primera transferencia se pasaron tres conductas, en la segunda 20 y en esta serían cerca de 150. Si bien nosotros estamos incorporando avances tecnológicos, es evidente que este traspaso necesita también una transferencia de fondos para dotar de mayor presupuesto para infraestructura tecnológica y personal, a efectos de que la celeridad con la que nosotros trabajamos se manifieste también en estos nuevos delitos”, advirtió Franza.

Si bien admitió la utilidad de que se respete el traspaso de fondos que establece el proyecto de ley, Vázquez aseguró que “el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad puede absorber las nuevas causas sin afectar la eficacia en los procesos”.

El fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad cuenta con 31 juzgados de primera instancia, de los cuales tres son de menores, 24 fiscalías que se van a extender a 40 y 16 defensorías oficiales que pasarán a ser 24. “La capacidad de la justicia local está fuera de toda duda”, aseguró Vázquez.

Un detalle importante es que, bajo la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, los procesos penales pasarán a regirse por el Código Procesal Penal de la Ciudad, que es distinto al de la Nación.  “El promedio nuestro de trámite de un proceso penal, con sentencia de segunda instancia, es de un poco más de 12 meses. Y si una causa llega excepcionalmente al Tribunal Superior, ese recurso tiene un trámite de 180 días. La incorporación de estas nuevas competencias no va a alterar estos tiempos que exhibimos”, explicó Vázquez.

“La instrucción está a cargo del fiscal y eso, sumado a algunos institutos que simplifican la etapa preliminar, como la acumulación de audiencias, permite que los procesos sean más rápidos”, agrega el vicepresidente de la Cámara.

Los traspasos de competencia de la Nación a la Ciudad son progresivos y todavía los delitos más graves quedarán en manos de la justicia nacional. En ese sentido, Vázquez afirmó que “como ocurre con el resto de las provincias, el objetivo final sería que toda la competencia ordinaria pueda ser transferida a la Ciudad”.

Entre los delitos que se traspasan se destacan los que tienen que ver con el accionar de los funcionarios públicos de la Ciudad. “La competencia sobre los delitos contra la administración pública local afianza el principio republicano, la división de poderes y el rol que le corresponde al poder judicial de la Ciudad”, expresó Franza.