“Hay una nueva generación de jueces que supera al modelo tradicional, ortodoxo, formalista, aséptico, aideológico. Ese modelo está siendo sustituido por el de jueces comprometidos con su tiempo, con la problemática que los rodea, un juez que se humaniza, que puede ser visto, que puede ser tocado y no por eso perder la magistratura”, destacó Roberto Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en una entrevista con el CIJ,

“Esta no es una transformación que se da únicamente de abajo hacia arriba. También acompaña un cambio de modelo que viene desde la propia Corte Suprema. En el fuero vivimos la transformación de la composición de la Corte y eso nos da una gran posibilidad histórica de acompañar esta propuesta de cambio de paradigmas. Percibimos desde la Corte Suprema un claro mensaje para cambiar las prácticas judiciales”, agregó.

El fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires tiene entre su competencia la resolución de amparos y el dictado de medidas cautelares por decisiones u omisiones del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

“El Poder Ejecutivo local, en el actual gobierno, tiene una tendencia a resistir, de distintas maneras extrajurídicas, las sentencias que no le resultan cómodas”, afirmó.

Gallardo criticó la reacción del Gobierno porteño ante el reciente fallo de la jueza Andrea Danas, que prohibió el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana. Puntualmente, cuestionó la idea surgida del Ejecutivo de realizar una consulta popular sobre el tema: “Desafiar la sentencia de un juez intentando mover a la sociedad civil para derogarla es un alzamiento extrajudicial”, señaló.   

Gallardo también mencionó las pretendidas modificaciones procesales, las recusaciones masivas, la denuncia del Gobierno ante el Tribunal Superior por un conflicto de poderes, entre otras acciones del Ejecutivo. “Varias de las medidas que adopta el Gobierno constituyen técnicas de intimidación, de disciplinamiento”, advirtió.

Con respecto al control judicial de los actos de gobierno, el juez señaló que “la Constitución de la Ciudad incorporó la figura del amparo, y es un amparo muy generoso. Eso nos plantea un marco de acción muy amplio, que se encadena con una cláusula de operatividad, que hace que nuestra labor en este fuero sea muy importante en materia de amparos y medidas cautelares, sobre todo en lo vinculado con derechos sociales”.

“Los poderes políticos están atados a las cláusulas constitucionales y ahí aparece nuestra función de velar por el acabado cumplimiento de los derechos sociales y de los derechos en general. El criterio de control en sumamente amplio”, añadió.

“Tratamos de trabajar mucho in situ. Ir al lugar, hablar con la gente, tratar de entender cuál es la problemática, tratar de constituir el tribunal en el lugar para dirimir cuestiones sin la necesidad de que los vecinos tengan que viajar, porque hay gente para la cual eso es una complicación y le imposibilita llegar a la Justicia. Se trata de una práctica judicial proactiva y comprometida con la Constitución”, concluyó.