El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a avanzar en el saneamiento ambiental del polo curtiembrero ACUBA, ubicado en la localidad bonaerense de Lanús, y ordenó se inicie una causa penal para que se investigue a los responsables de los basurales y desarmaderos ilegales, entre otras irregularidades, existentes en ese parque industrial. 

La medida fue dispuesta en el marco de la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza” (por contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo), delegada por la Corte Suprema de Justicia a aquel juzgado.

En concreto, el magistrado solicitó a ACUMAR que, en 30 días, presente “una solución única, sustentable, viable, perdurable en el tiempo y que contenga la realización de todos los estudios y acciones que dictaminen el caudal de efluentes y toda otra circunstancia de interés, para implementar finalmente la solución integral de la cuestión industrial curtidora del partido de Lanús y sus alrededores, esto es, la puesta en marcha de la planta ACUBA”.

El predio es de propiedad de la provincia de Buenos Aires y está destinado a la implementación de una planta regional de tratamiento de residuos industriales, en donde deben ser trasladadas todas las curtiembres de Lanús.

Una vez cumplido aquel requerimiento, Armella le pidió a ACUMAR que notifique a cada una de las empresas abarcadas por el “proyecto ACUBA” que en lo sucesivo deberán adecuarse a lo decidido y agregar en sus emprendimientos el gasto necesario para la protección del ambiente y ejecutar las medidas necesarias para el saneamiento ambiental, y que acelere “notoriamente” las inspecciones sobre industrias no incluidas en el proyecto, para determinar si son susceptibles de ser declaradas o no agentes contaminantes.

En tanto, el juez intimó al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, para que “arbitre los medios suficientes para que las fuerzas de seguridad de la misma provean inmediatamente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la atención de las medidas de seguridad que resulten menester en el marco de la ejecución de los propósitos que el ‘Plan ACUBA’ requiere; debiéndose proteger todo el predio y evitando toda situación obstaculizadora de las obras y acciones, a través del apoyo logístico y de prevención que los Organismos de Seguridad de esa Provincia deben brindar, con la afectación de los recursos humanos y materiales acordes”.

Asimismo, sostuvo, corresponde ampliar dicho requerimiento para todas las medias y acciones que se adopten en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, en virtud de los esfuerzos necesarios y conducentes para el logro del fin último e impostergable, ordenado por nuestro Máximo Tribunal”.

En la resolución, Armella destacó la presentación realizada por ACUMAR, donde relató que, en mayo último, inspectores se hicieron presente en la obra para constatar los trabajos que se estaban realizando (construcción de un muro perimetral), oportunidad en la que un grupo de vecinos, encabezados por el Sr. Marcelo Rodríguez, los increpó agrediéndolos físicamente.

Añadió ACUMAR que la contratista no ha podido comenzar con una serie de obras, “encontrándose el avance de la obra en cuestión, librada a la voluntad de los vecinos del barrio/asentamiento ACUBA 2009, representados por el Sr. Marcelo Rodríguez, quien en diversas oportunidades ha paralizado la obra con distintos reclamos, acrecentando día a día sus pretensiones, y provocando un retraso considerable en dichas obras, que impiden a la contratista, y por ende a la Autoridad de Cuenca, cumplir con los plazos establecidos para la finalización de la obra”.

Ante ello, el magistrado dijo que “resulta intolerable que la Autoridad de Cuenca escude los continuos incumplimientos de hecho y de derecho, a través del deslinde de responsabilidades en otros organismos, o como en el caso excusando los impedimentos para el avance de la obra en cuestiones fácticas libradas a la voluntad de un solo individuo -Marcelo Rodríguez- que se adjudica la representación de sectores de incumbencia”.

Causa penal

Ante las circunstancias denunciadas por ACUMAR, por la posible comisión de delitos de orden público, Armella ordenó obtener copia de las piezas probatorias correspondientes y girarlas a la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con competencia territorial en la localidad de Lanús que por turno corresponda, “para que se investigue la posible responsabilidad penal que le pudiera caber a las personas que realizan las actividades irregulares -basural y desarmadero clandestino, cría ilegal de animales, intrusiones ilegales, amenazas, agresiones al personal de seguridad y al personal civil que trabaja en la zona, y demás-, en el objetivo en tratamiento”.