Las estadísticas del fuero de la Seguridad Social indican que ingresan en los juzgados de primera instancia 10.000 nuevas causas por mes y el 80 por ciento de ellas son por pedidos de reajustes jubilatorios, similares a los que la Corte Suprema ya avaló en los fallos "Badaro" y "Sánchez".

“El daño contingente desde el punto de vista económico que genera esta litigiosidad que el propio Estado está estimulando es enorme y debe terminar inmediatamente”, afirmó Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, en diálogo con el CIJ. 

Según Herrero, las causas de la litigiosidad tienen que ver con el no respeto por parte del Estado de las doctrina de los fallos "Badaro" y "Sánchez" y con la tendencia de la mayoría de los jueces del fuero de no dictar medidas cautelares para actualizar los haberes.

"Los jueces deberíamos utilizar las armas que nos da el Código Procesal Civil y Comercial para que los precedentes Badaro y Sánchez, de la Corte Suprema, sean cumplidos por el órgano administrador. En esta sala hemos dictado medidas cautelares en donde, aplicando los principios de la justicia preventiva, que es la revolución en el mundo del derecho, hemos intimado a la ANSES a que cumpla esos fallos en el plazo de 30 días bajo apercibimiento de denuncia penal o de la imposición de otras medidas pecuniarias. Algunas de estas medidas cautelares están siendo cumplidas por la ANSES”, explicó.

“Si los jueces dictáramos más medidas cautelares intimando al cumplimiento de la doctrina de la Corte, la litigiosidad bajaría ostensiblemente”, agregó. 

Para Herrero, el otorgamiento de medidas cautelares resulta fundamental teniendo en cuenta la situación de los jubilados: “Hay que cambiar este sistema oprobioso que obliga al jubilado a litigar siete años para gozar de una garantía constitucional”.

Con respecto a las apelaciones que realiza el Estado contra las sentencias de reajuste, el camarista alertó que "el Estado argentino suscribió un compromiso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a no apelar las sentencias de primera instancia con el mismo objeto que Badaro y Sánchez, algo que no se está cumpliendo".

“Esto tiene gravedad inusitada. A ningún país civilizado del mundo, que ha firmado los tratados internacionales que obligan a respetar los fallos de estos tribunales internacionales, se le ocurriría incumplir una directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que evitar llegar a esa situación de deshonor”, sostuvo.

La otra gran causa que, según el juez, genera el colapso del fuero por las demandas de reajuste tiene que ver con una decisión política: “La causa que genera la litigiosidad es la utilización de los fondos previsionales para otros objetivos absolutamente distintos a la materia”, señaló.