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    Riachuelo: intiman a ACUMAR a agilizar los procedimientos de control sobre las industrias

    El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de la ejecución del fallo de la Corte en la causa “Mendoza”, exigió el dictado de un reglamento que fije plazos concretos para evitar dilaciones en el dictado de medidas en casos de contaminación. Resolución completa
    Riachuelo: intiman a ACUMAR a agilizar los procedimientos de control sobre las industrias

    El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de juez Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a dictar un reglamento que fije plazos concretos en los procedimientos de control industrial en esa zona hídrica.

    Fue a partir de un caso, en donde desde la toma de muestras en el control a una empresa y hasta la elevación de las actuaciones a la dirección correspondiente transcurrieron más de seis meses, “evidenciando una clara deficiencia en los plazos del proceso interno para el dictado de las declaraciones de agente contaminante, y consecuentemente un retraso en las presentaciones de los Programas de Reconversión Industrial… cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos), previniendo los eventuales daños que la actividad pudiere generar”, aseguró el magistrado.

    Con la fijación de plazos concretos se busca, según Armella, un rápido y eficaz dictado de los actos administrativos de declaración de agentes contaminantes en los procesos creados a los fines del control industrial, evitándose así que se repita una situación “irregular” como la ocurrida en aquel caso.


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    En la misma resolución, el juez requirió a ACUMAR publicitar el eventual acto administrativo de declaración de agente contaminante de la empresa que resulte implicada, el resultado de los programas de reconversión industrial analizados y cualquier otro acto dictado en consecuencia de los nuevos procesos que fueran creados.

    Ello, con miras a coadyuvar al control industrial, a fin de que las asociaciones de usuarios y consumidores y, en su caso las casas matrices de las empresas implicadas, tomen conocimiento de aquella situación.

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