La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay, quien tiene a su cargo la Oficina de la Mujer del Tribunal, y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, Martín Santiago, suscribieron este miércoles un convenio de cooperación destinado a “garantizar la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial”.

A través del acuerdo se pretende llevar a cabo actividades que contribuyan a la realización de objetivos comunes al Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNIFEM, PNUD, UNFPA y OPS) y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Oficina de la Mujer).

El convenio prevé el desarrollo de actividades conjuntas de capacitación e investigación relativas a la equidad de género. En especial, apoya el programa de la Oficina de la Mujer para introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial. Para ello, se prevé el entrenamiento de dos personas por provincia y/o jurisdicción, tendrá una duración de una semana y se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, estas personas serán las encargadas de replicar el Protocolo de Capacitación de Género (PCG) -que ha sido elaborado y validado por el Sistema de Naciones Unidas- en sus respectivas provincias y/o jurisdicciones, con la colaboración de las escuelas de capacitación locales.

Durante el acto, Argibay agradeció el interés demostrado por Naciones Unidas en la labor de la Oficina de la Mujer. El trabajo asumido es “muy ambicioso”, dijo la ministra, ya que “tiene su importancia para la salud de la república y para las mujeres de la democracia”.

En tanto, el representante de la ONU sostuvo que el liderazgo de la Corte en la lucha por la igualdad de derechos “está abriendo territorios y moviendo fronteras”, destacando la labor de Argibay, pionera en tal sentido.

Señaló además el simbolismo de este acto que coincide con la creación de una nueva agencia específica dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ONU- Mujeres, que otorga mayor entidad al tema dentro del sistema de Naciones Unidas, y demuestra el reconocimiento de una lucha de más de medio siglo.

La Oficina de la Mujer (OM), creada por el Máximo Tribunal a través de la Acordada 13/2009, se planteó el desafío de lograr la equidad de género tanto en relación a quienes utilizan el sistema de justicia como para quienes desempeñan sus funciones en el Poder Judicial.

El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de estado tendiente a prevenir y terminar con cualquier tipo de violencia de género.

Cabe destacar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional incorporó la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A este marco legal se suma lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, convertido en ley 24.632, que obliga al Estado Nacional a implementar leyes y políticas públicas en este sentido y que, recientemente, el Congreso de la Nación sancionó la denominada Ley de Protección Integral a las mujeres, N ° 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales).

La Oficina cuenta con una secretaría encargada de establecer enlaces a nivel nacional con los Superiores Tribunales de Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y las Cámaras Nacionales y Federales; los órganos designados por la ley 26.485; el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría de Justicia; e instituciones académicas, asociaciones u organizaciones que realicen tareas en esta materia. En el plano internacional, la secretaría está en contacto con otras oficinas encargadas de la problemática de género y con los organismos de monitoreo previstos en las Convenciones Internacionales.

Cuenta asimismo con diversas áreas de trabajo, encargadas de brindar capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de políticas institucionales que favorezcan la equidad de género; recopilación de datos a fin de elaborar estadísticas en este sentido; e investigación de género, tendientes a identificar las necesidades dentro del Poder Judicial.