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Miércoles, 30 de junio de 2010
Procesan con prisión preventiva a siete imputados por crímenes de lesa humanidad en La Rioja
Lo dispuso el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena contra policías y militares, algunos de ellos retirados. También trabó embargos de hasta un millón trescientos mil pesos. Todos están acusados de crímenes contra los derechos humanos. Fallo completo
El Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del juez Daniel Herrera Piedrabuena, procesó con prisión preventiva a siete policías y militares acusados de cometer delitos contra los derechos humanos durante el último gobierno militar.
Las medidas dispuestas alcanzaron a:
Heriberto Miguel Goénaga, ex coronel perteneciente al Batallón de Ingenieros 141; Eulogio Viltequien, suboficial del Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional entre 1976 y 1982; Nicolás Antonio Granillo, cabo primero del Escuadrón 24 de Gendarmería; Manuel Félix Gordillo, integrante de la Policía de la provincia; Miguel Ramacione, ex comisario a cargo de la comisaría de Chilecito; Faustino Barrionuevo, sargento de la Guardia de Prevención de la Policía provincial, y Enrique Félix Moreno, subcomisario de las comisarías Primera y Segunda entre 1976 y 1979.
Asimismo, el magistrado trabó embargos para todos los acusados por montos de entre cien mil y un millón trescientos mil pesos.
Todos ellos se encuentran indicados como autores mediatos o directos del delito de imposición de tormentos.
En su fallo, Herrera Piedrabuena aseguró que “los hechos probados hasta el presente, conforme describen las víctimas en forma coincidente -simulacros de fusilamiento, tabicamientos (vendas en los ojos), golpes, “picaneos”, “submarino” (inmersión en agua), severidades en el trato y en las condiciones de su detención, amenazas, privación de agua y alimentos, etc.- que se prolongaron a lo largo de su privación de la libertad, como la indicación de quienes habrían sido sus ejecutores, al ser reconocidos por algunos de aquellos, me llevan a la formación de convicción suficiente, con el grado de provisoriedad de la presente etapa, para tener por acreditado, en forma clara, precisa y concordante, la existencia de los hechos investigados”.
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