Las estadísticas de distribución de cargos en los distintos poderes judiciales del país muestran una distribución piramidal, en el que las mujeres suelen tener presencia mayoritaria en las bases mientras que hacia arriba la preeminencia es de los varones.

Esos datos, surgidos del trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de su Oficina de la Mujer (OM), le sirvieron a la ministra del Máximo Tribunal de Justicia del país Carmen Argibay para sostener la necesidad de “romper el techo de cristal”, en alusión a los límites invisibles que suelen condicionar a las mujeres.

Argibay abrió este viernes las deliberaciones de las Jornadas Latinoamericanas “Hacer Justicia una visión de género”, que se realizan en Salta, organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). En el panel de apertura también participó la embajadora de Estados Unidos en la Argentina, Vilma Socorro Martínez.

En su exposición, Argibay partió de reflexiones de María Elena Walsh para sostener que siguen produciéndose situaciones de discriminación y violencia contra la mujer, pese a que en el país exista una ley de protección específica.

Y como ejemplo destacó una reciente decisión judicial en la que los responsables de un caso de abuso fueron sobreseídos porque la menor víctima no declaró. Esto, dijo, revela que todavía resta mucho por hacer en materia de género.

“Cuando salió la ley de protección integral contra la violencia de género me alegré mucho”, recordó y puntualizó que ese fue el punto de partida sobre cuya base se resolvió constituir la Oficina de la Mujer (OM), creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El primer trabajo que encaró la OM fue determinar la cantidad de mujeres en la Justicia Argentina. El mapa de género de la Justicia argentina fue repasado brevemente por Argibay, que reseñó, por ejemplo, que en Salta el 61% de los cargos son de mujeres, mientras que el 39% restante corresponden a los hombres, pero claro en una estructura piramidal donde sobre siete miembros de la Corte de Justicia sólo dos son mujeres. Y esto se repite, con pocas variantes, en otros puntos del país.

Argibay se apoyó en datos estadísticos para sostener que si el 51% de la población son mujeres por lo menos la mitad de los cargos deberían corresponderles. “Tendría que haber muchas más mujeres”, expresó su anhelo de lograr un equilibrio en la composición de los poderes judiciales. Sobre esta base, afirmó que se ha logrado romper en algunos casos el “techo de cristal”, pero a la vez afirmó que resulta necesario trabajar más para trasponerlo definitivamente.

En ese marco, dijo que la OM se propuso este año instruir a capacitadores, lo que permitirá encarar un trabajo en toda la Justicia argentina tendiente a incorporar la visión de género e igualdad en todos los estamentos judiciales. De esta forma, dijo, se podrán dejar atrás casos como los de las violaciones, en donde por la falta de testigos las causas terminan archivándose.
 
En tanto, la embajadora de los EEUU en la Argentina, Vilma Socorro Martínez, relató su experiencia en materia de lucha por los derechos de las mujeres en el ámbito judicial. Comentó que, apenas egresada de la facultad de Derecho, intentó obtener un trabajo en un estudio jurídico donde el argumento para negárselo fue que los clientes corporativos no aceptarían ser representados por una mujer que además era descendiente de latinos.

“Estados Unidos tiene experiencia en liderazgo femenino”, relató. Martínez es embajadora en nuestro país desde septiembre último.

Destacó en esa línea los avances dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de sus oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer, ya que ambas garantizan el acceso a justicia.