"El Poder Judicial tiene que poner límites a los otros poderes, y esa es su función constitucional. Pero no es su función constitucional gobernar. Aquí también, si hablamos de límites, debemos reconocer cuáles son nuestros propios límites, los del Poder Judicial", aseguró el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Lo dijo en el marco del acto por la celebración el Bicentenario de la Revolución de Mayo, realizado este lunes en la Sala de Audiencia del Palacio de Tribunales.

En esa linea, agregó que "lo mejor que podemos hacer es entender cuál es nuestro propio lugar como Poder Judicial y saber mantenernos dentro de nuestra área de competencia. El Estado de Derecho no solo significa la existencia de los poderes formales, sino también, como lo ha dicho esta Corte en un fallo muy reciente, significa el equilibrio, el contrapeso y el control recíproco de los tres poderes del Estado".

Además, Lorenzetti aseguró que "no hay poderes ilimitados: existe en nuestra Constitución el principio de los balances y esto es lo que debemos dejar como legado para las generaciones futuras".

Asimismo, el presidente de la Corte destacó que "nuestra Constitución hoy protege no solo el orden democrático sino la institucionalidad como tal, y debemos entender que la responsabilidad de esta generación es dejar un Estado de Derecho funcionando, para que lo disfruten las generaciones que nos sucederán".

En tanto, el titular del Máximo Tribunal argumentó que "siempre es función del Poder Judicial proteger los derechos individuales, de todos los ciudadanos, para que tengan tranquilidad, para que sus bienes y sus libertades estén tuteladas, y en este sentido, vivan tranquilos y en paz", remarcó.

Seguridad jurídica

En relación con la relevancia que un Estado de Derecho debe asignarle a un marco jurídico que garantice la seguridad jurídica, Lorenzetti afirmó que "tenemos una larga historia de urgencias reiteradas, que no han traído otra cosa que mayores emergencias y más crisis. Por eso nuestra Constitución, y la interpretación que esta Corte le ha dado, ha sido que es necesario terminar con las emergencias reiteradas, y proteger las reglas básicas de funcionamiento de la sociedad y de la economía".

Además, agregó que "nuestro pueblo tenga la tranquilidad de que esas reglas serán perdurables, porque la propiedad y el contrato, conforme lo dijeran los primeros constituyentes, tienen rango constitucional".

Los juicios de lesa humanidad

Con relación al impulso que la Corte lleva adelante para las causas que investigan delitos de lesa humanidad, el titular del Máximo Tribunal aseguró: "Si la lucha por la defensa de una posición o de otra conduce a la ruptura institucional del sistema democrático, o la desaparición del otro, eso es algo que debemos censurar claramente. Por eso creo que nuestro proyecto constitucional tiene muy claro que no puede haber delitos de lesa humanidad".

Asimismo, dijo que "no es admisible que el Estado persiga a sus ciudadanos porque piensan diferente. No es posible que los conflictos se solucionen mediante la desaparición del otro. Por eso es que nosotros hemos sostenido como política de Estado el desarrollo y el impulso de todos los juicios de lesa humanidad. Y es importante decir que aquí no se juzga la política ni el pasado en términos políticos; se juzgan crímenes y personas acusadas de torturar, de secuestrar, de hacer desaparecer, de usar al Estado para perseguir a otros que piensan diferente. Es una cuestión que hace al debido proceso, y a lo que una sociedad madura institucionalmente debe perseguir".

Y concluyó: "Por eso es que nosotros defendemos que estos procesos continúen, con todas las garantías, como se están llevando adelante, y tengan una solución adecuada, y nuestra generación debe entender que el proceso democrático es un valor constitucional. Por eso estos juicios no importan solamente para el pasado, importan para el futuro, para dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos la enseñanza de que esto nunca más puede volver a suceder".