La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó una resolución que había rechazado un planteo de prescripción presentado por el ex presidente Carlos Menem en la causa Thales Spectrum, donde se investiga una presunta defraudación al Estado en la privatización del espacio radioeléctrico.

La defensa de Menem argumentaba que había transcurrido el plazo de prescripción que corresponde al delito investigado, desde la fecha del dictado del decreto N° 127 del 28 de enero de 1998, por el cual se aprobó el proceso licitatorio y la adjudicación de la concesión a Thales Spectrum SA, y la resolución del tribunal que dispuso la declaración indagatoria del ex Presidente, ocurrida el 25 de junio de 2007.

Según el tribunal, el hecho que se le imputa no se reduce a la firma de aquel decreto. “En efecto, en ocasión de confirmar el auto de procesamiento de Menem en la presente causa, esta Sala sostuvo que no hubo una mera ‘intervención formal’ del imputado, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Nacional, sino un aporte a la maniobra defraudatoria aquí investigada”, añadió.

 En este sentido, indicó, se puntualizó que el plan común consistió en favorecer, a lo largo de las distintas etapas del trámite de la concesión, a la empresa TSA, en detrimento de los intereses de la administración pública. En un primer momento mediante la modificación de las claúsulas del Pliego de Bases y Condiciones y del contrato anexado, en dirección a beneficiar la posición de la empresa, tanto para convertirse en adjudicataria de la licitación, como mediante la flexibilización de cláusulas contractuales que generaron, posteriormente, una situación de laxitud por parte de los funcionarios de la CNC, frente a sus incumplimientos en la etapa de la ejecución del convenio.

“En este contexto, Menem realizó un aporte no sólo a través de una convalidación de un proceso licitatorio cuestionable, sino que violando los deberes a su cargo, no dispuso las medidas indispensables para asegurar una adecuada gestión del espectro y su inacción fue perjudicial para el Estado, ya que fue privado de un aporte de conocimientos y tecnología al que se había comprometido TSA, además del desequilibrio económico que desencadenó el incumplimiento de la concesionaria durante la ejecución del contrato”, aseguró.

Advirtió que el perjuicio se habría producido durante la vigencia del contrato y hasta que la resolución CNC n° 242/04 declaró su caducidad el 26 de enero de 2004 -para impedir que el desequilibrio económico siga aumentando-, momento a partir del cual comenzó a correr el término de la prescripción de la acción penal.

Destacó que el máximo de la escala penal previsto para el delito imputado (artículo 174 del Código Penal) asciende a seis años de prisión, y que el llamado a declaración indagatoria respecto de Menem tuvo lugar el día 30 de noviembre de 2005. “De modo que conforme a lo establecido en los arts. 62, inciso 2° y 67, cuarto párrafo, ambos del C.P., y contrariamente a lo pretendido por la defensa del nombrado, no se ha producido la prescripción de la acción penal”, indicó.