“Al Gobierno de la Ciudad le molesta el control judicial. Pero los jueces no vamos a ser capataces de ningún patrón de estancia”, aseguró el juez Roberto Andrés Gallardo, quien está a cargo como magistrado subrogante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue durante la audiencia pública, que se realizó este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, en el conflicto de poderes sustanciado por la designación de un magistrado en ese cuerpo judicial.

La causa había sido iniciada por los poderes  Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, por entender que los jueces Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Schleiber dictaron medidas que afectan sus competencias exclusivas para proponer y dar acuerdo –en su caso- a quien deba ocupar el cargo de juez del Tribunal Superior de Justicia que se encuentra vacante por la renuncia de Julio Maier.

A través de aquellas medidas, los magistrados del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad habían frenado el proceso de selección de la magistrada que había propuesto el Gobierno porteño para ocupara aquella vacante.

En su intervención de este jueves, Gallardo aseguró además que “el objetivo de este pleito es disciplinar a los jueces. Pero si hacer cumplir la Constitución es ser indisciplinados, vamos a seguir siendo indisciplinados”.

En tanto, la jueza Liberatori, a cargo como magistrada subrogante del juzgado Nº 3 y como titular del Nº 4 del mismo fuero, remarcó que en su decisión “no hubo exceso ni invasión, pero sí disciplina, de acuerdo a las deficiencias observadas en el proceso de selección del candidato para el Superior Tribunal”. Además, aseguró que “no se trata, de parte del Poder Ejecutivo, de remover obstáculos para promover a un candidato. Los obstáculos a remover somos nosotros los jueces”.

Por otro lado, Schleiber, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº13 de la Ciudad, dijo que “aquí no hay invasión de un poder hacia otro, sino un legítimo ejercicio de las atribuciones propias de un juez. Lo que se hizo fue controlar aspectos reglados de un procedimiento administrativo”.

La audiencia

La jornada comenzó a las 10.45. En primer término presentó su exposición Juan Martín Alterini, procurador adjunto de la Ciudad, quien aseguró que “el Poder Judicial absorbió competencias que el constituyente le confiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y esta aclaración no es menor, porque estámos hablando de instituciones”.

Acto seguido, hizo uso de la palabra Alfonso Santiago, letrado representante del Poder Legislativo. En su intervención, dijo que las decisiones judiciales mencionadas “pretendieron impedir las prerrogativas, atribuciones y competencias de la Legislatura porteña. Las facultades que la Constitución le otorga a los jueces de primera instancia han sido ejercidas de modo abusivo y extemporáneo, con exceso de jurisdicción y en forma inoportuna”.

Luego, como representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Horacio Corti remarcó que “no hubo ningún ejercicio irregular de la competencia. Todos fueron actos procesales previstos por la legislación sancionada por el Poder Legislativo. Por lo tanto, no se observa un conflicto de poderes”.

Finalmente, tras las intervenciones de Libertatori, Gallardo y Schleiber, presentó su exposición Germán Garavano, fiscal general adjunto de la Ciudad, quien expresó que “en este proceso no se juzgan las decisiones de los jueces sino su competencia, porque en los expedientes no hay cuestiones constitucionales en juego”.