Representantes de la Asociación de Magistrados del Chaco y de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) se reunieron hoy por la mañana con el gobernador Jorge Capitanich y su ministro de gobierno, Juan Manuel Pedrini, y conformaron una comisión de trabajo que iniciará acciones conjuntas tendientes al logro de una reforma integral del servicio de justicia en la provincia.

Participaron del encuentro las doctoras Marta Inés Alonso y Gloria Zalazar, presidenta y secretaria de la Asociación de Magistrados del Chaco, junto a Marcelo Vázquez, secretario de asuntos políticos de la FAM y Fernando Lodeiro, secretario general de esa entidad.

La reunión fue la continuación de las gestiones iniciadas el 7 de mayo pasado por Abel Fleming, presidente de la FAM, instancia en la que se acordó gestionar proyectos que centren su atención en la resolución de problemas de los justiciables, es decir de quienes precisan de las acciones de la justicia.

Dentro de las cuestiones abordadas en la reunión de esta mañana, la de mayor rascendencia fue la relativa a la gestión del fondo estructural de asistencia a las justicias provinciales. Esta iniciativa – que el gobernador se comprometió a gestionar ante el gobierno nacional- tiene como objetivo principal la asistencia económica a las provincias para la implementación de programas concretos de mejoramiento del servicio de justicia.

En ese marco también se incluyeron proyectos colaterales como la promoción de la ley de tasas diferenciadas para grandes usuarios. Lo que implicaría una aplicación impositiva de una reglamentación más ecuánime y equilibrada.

El otro proyecto sobre el que se acordaron acciones fue el relativo a la ampliación de la implementación de la justicia barrial y la justicia de paz (lega o letrada), apuntando a la consecución de procesos judiciales más accesibles para la población en general, que atiendan a la celeridad en la resolución de conflictos, utilizando la vasta experiencia de la justicia chaqueña en ese ámbito.

También se trabajó sobre la ley de mediación obligatoria para la justicia civil, que pretende lograr la disminución de conflictividad social y del número de causas que se reciben anualmente en la justicia. Se trata de la aplicación de procesos de justicia simplificada y de proximidad, proyecto que simplifica el trámite de las comúnmente denominadas pequeñas causas, muchas de las cuales hoy ven relegado su tratamiento, por su exiguo monto.

La cuestión salarial

Durante el encuentro entre los representantes de los jueces locales y nacionales y del Poder Ejecutivo, el tema remunerativo fue insoslayable. Se habló de las asimetrías salariales existentes entre la justicia provincial local, regional y nacional.
En el análisis al respecto se evaluó que si se tiene en cuenta el promedio de los salarios de los jueces a nivel nacional, las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones se encuentran muy por debajo de esos porcentajes.

Al concluir la reunión, la comisión integrada por representantes gubernamentales y de las asociaciones de magistrados acordó continuar trabajando en conjunto para promover la elevación de estas iniciativas a la Cámara de Diputados local.