El juez Sergio Torres, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Osvaldo Guglielmino, ex procurador del Tesoro de la Nación, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco del caso Greco, en donde se investiga el pago irregular a un grupo empresario.

El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del ex funcionario por un millón de pesos.

A Guglielmino se le imputa haber tomado intervención, como procurador del Tesoro de la Nación, en las maniobras defraudatorias que tuvieron lugar en el marco del expediente n° 21.030/96, caratulado “Greco, Héctor Osvaldo Miguel c/ Estado Nacional y otros s/ incidente de ejecución de convenio”, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6, en el que se sustanciara la demanda interpuesta por los representantes del denominado “Grupo Greco” contra el Estado Nacional respecto del cumplimiento de los convenios oportunamente suscriptos por dichas partes y aprobados mediante los decretos 1444 y 1067, del 3 de septiembre de 1987 y del 6 de julio de 1989, respectivamente.

Concretamente, dichas maniobras se habrían verificado a través de la actuación de quienes tuvieron a su cargo la representación del Estado Nacional en el expediente judicial de mención, sea directamente o por disposición jerárquica, a partir del 10 de junio de 2004, entre ellos Guglielmino, “quienes a contrario de los intereses del Estado Nacional hasta ese momento incoados habrían coadyuvado, impulsado y procurado la homologación judicial de la liquidación de una deuda reclamada al Estado por el mentado grupo empresario, decretada el día 11 de agosto de 2005 en el citado expediente, por la suma de $332.396.128,64.-, pagaderos en Bonos de Consolidación Moneda Nacional Cuarta Serie, obligando así abusivamente al Estado Nacional y perjudicando de esa manera sus intereses”.

Según la resolución de Torres, el pago de la deuda en cuestión fue solicitado el 13 de septiembre de 2005 al Ministerio de Economía y Producción de la Nación por los doctores Vicente Eugenio Lapadula y Germán Julio Manuel Martín Irigoyen, representantes de los acreedores, dando así origen al expediente administrativo n° S01:0298410/2005 (inicialmente registrado bajo el n° CUDAP: PROY-S01:0015894/2006) del registro de dicho Ministerio, en el marco del cual nuevamente a contrario de los intereses del Estado Nacional se dio lugar al pago de la suma reclamada ($332.396.128,64.- pagaderos en Bonos de Consolidación Moneda Nacional Cuarta Serie), no obstante su irregular reconocimiento.-

“La trama arriba descripta se perfeccionó, al menos, mediante la suscripción por parte de Guglielmino, de las notas PTN n° 601/AJ/05 del 14 de junio de 2005; PTN n° 678/AJ/05 del 25 de julio de 2005 y PTN n° 925/AJ/05 del 2 de septiembre de ese mismo año, todas ellas dirigidas al Subsecretario Legal del Ministerio de Economía, doctor Osvaldo Siseles y en respuesta a la intervención que le fuera requerida”, agregó. 

Para el magistrado, "las irregularidades probadas traslucen un actuar por parte de quien ejerciera el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación cuyo carácter perjudicial a los intereses del Estado Nacional a criterio del suscripto se halla suficientemente acreditado para esta etapa procesal, por lo que fundadamente he de sostener se encuentran reunidos a su respecto los extremos previstos por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación".