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    Nuevos datos sobre niños/as y adolescentes judicializados

    La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, que preside la Dra. Highton, procesó información estadística de 2019
    La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, publicó un nuevo informe sobre niños/as y adolescentes con intervención judicial en 2019 y determinó que este universo está compuesto principalmente por varones de entre 16 y 17 años.
     
    Las intervenciones judiciales se dan cuando un/a magistrado/a evalúa y observa durante un lapso de tiempo a un/a niño/a o adolescente y toma diferentes medidas vinculadas a su situación psicosocial.   
     
    Los datos del informe estadístico fueron extraídos del sistema informático de la BGD, cuya carga realizan los juzgados y tribunales orales de menores de la Justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El documento registró todas las intervenciones y medidas de privación de la libertad y alojamiento en instituciones por causas penales que fueron dispuestas sobre niños, niñas o adolescentes, entre enero y diciembre de 2019.
     

    Juzgados de menores
     
    Los juzgados nacionales de menores iniciaron en 2019 intervenciones sobre 1593 niños/as y adolescentes. “La mayor parte de las intervenciones corresponden a niños o adolescentes varones (87,6 %), mientras el restante 12,4 % corresponde a niñas o adolescentes mujeres. Asimismo, el rango etario (al momento del hecho) donde se presentan la mayor parte de las intervenciones corresponde a los 16 y los 17 años”, explica el documento.
     
    En el 23,8 % de las causas con intervenciones iniciadas en 2019 existe más de un niño/a o adolescente involucrado, lo que resulta, en comparación con 2018 (21,5 %), moderadamente superior.
     
    En la mayoría de los casos, los niños/as o adolescentes tuvieron solo una causa en 2019 (74,3 %); en menor medida, de dos a cinco causas (22,6 %) y, en último lugar, más de seis causas (3,1 %).
     
    Los/as niños/as o adolescentes manifestaron, en general, convivir con algún integrante de la familia: con la madre (41,1 %), con padre y madre (20,6 %), con otro familiar (6,3 %) y con el padre (6,2 %). 38 chicos/as se encontraban en situación de calle (2,4 %) y 8 aseguraron vivir solos (0,5 %).
     
    De un total de 1911 causas, prevalecen los delitos contra la propiedad (79,5 %), de los cuales el 38,7 % resultó en grado de tentativa. Dentro de los delitos contra la propiedad, predominan las distintas tipificaciones de robo (86,6 %).
     

    Tribunales orales de menores (TOM)
     
    Los tribunales orales de menores en 2019 iniciaron intervenciones sobre 365 adolescentes (91,8 % varones), sobre un total de 329 causas existentes. Se observa que hay más de un involucrado en el 12,5 % de las causas.
     
    Los delitos registrados en las intervenciones son en su mayoría contra la propiedad –distintos tipos de robo– (89,4 %), y en menor medida contra la administración pública (4,8 %), las personas (2,1 %), la seguridad pública (1,6 %),la integridad sexual (1,1 %), la fe pública (0,5 %), la libertad (0,2 %) y el orden público (0,2 %). 
     

    Medidas de privación de la libertad y/o alojamiento en instituciones
     
    El informe también realiza un seguimiento de las medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones dispuestas por los juzgados y tribunales orales de menores.
     
    En 2019, se dispusieron 198 medidas sobre 164 niñas/os y adolescentes. De ese total, 141 tuvieron una sola medida de privación de la libertad y/o alojamiento en instituciones. La mayoría de las medidas se iniciaron en algún centro socioeducativo de régimen cerrado (42,9 %) y, en menor escala, en una comunidad terapéutica (23,2 %), en una residencia socioeducativa de libertad restringida (19,7 %), en un hospital (7,6 %), en un parador (3 %) o en otro tipo de alojamiento (3,5 %).
     
    “La información relevada por la BGD facilita el análisis y comprensión de ciertos indicadores estadísticos (variables estructurales) que intervienen en los procesos judiciales de niños/as y adolescentes imputados en causas penales y da a conocer las características de la respuesta judicial sobre este grupo”, indica el documento.

     

     

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