Al elevar el informe anual a la legislatura provincia, el  presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Alejandro Javier Panizzi, señaló que “durante el período que se cierra, la política del Poder Judicial ha sido netamente centrada en que el acceso a la justicia sea sencillo para todo el pueblo; en mejorar y hacer más vigorosa y ágil la gestión de los procesos; en la administración eficiente y democrática –escrupulosa y transparente– de los recursos económicos; en la aplicación de nuevas tecnologías; y en la apertura a la sociedad y a la prensa".

Panizzi puntualizó que el Alto Tribunal puso “el acento en la Gestión y el Planeamiento Estratégico, herramientas formidables para administrar los organismos y cumplir objetivos institucionales”.

Recordó luego que el presupuesto de la Justicia para el ejercicio 2009 se redujo a doscientos treinta y siete millones de Pesos y fue ejecutado por completo.

“He aquí –manifestó- una ocasión propicia para que cumpla con el mandato que me asignó la Acordada N° 3839 del Pleno, que es el de reconocer el gesto democrático del Señor Gobernador que, mediante su Decreto N° 1312, vetó la ley que pretendía imponer, una vez más, al Poder Judicial su política de sueldos. Queda pendiente aún la concreción de la autarquía presupuestaria, tal como hemos venido conversando entre miembros de los tres poderes del Estado”.

En igual sentido, Panizzi dijo: “Aprovecho para hacer un especial reconocimiento al señor Ministro de Economía, contador Víctor Cisterna, que ha contribuido a que el Poder Judicial cumpla con sus necesidades presupuestarias y salariales”. Y agregó: “Un hecho muy necio o temerario es que se habla con frecuencia del Poder Judicial sobre cuestiones relacionadas con el dinero (presupuesto de gastos, acciones de amparo, sueldos, etc.) y se pierde de vista el gran esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres que revistan en sus filas, para el buen funcionamiento del servicio de justicia”.

En su discurso, Panizzi expresó además lo siguiente:

“En este recinto y en esta ocasión debo referir los impalpables problemas y disputas que se suscitaron entre los Poderes Judicial y Legislativo.

Es preciso que advierta, desde ahora, que debo hacerlo presente para que se considere, se disipe o procure evitarse en lo sucesivo.

Roto ya mi pecado pero intacta mi penitencia, me obligo a aclararles que no pretendo valerme de la inmunidad constitucional que ampara a las opiniones de los jueces, para aplicar correctivos a los diputados. Tampoco, claro, es mi intención construir con este discurso mi propio patíbulo.

No trataré, pues, de poner en acto una imprecación –por la parte que toca en estas "rencillas de Poderes"– a los legisladores, indudablemente bien inspirados y con la mira puesta en lograr –desde su óptica– un particular ejercicio de la tarea que les ha encomendado el pueblo –eso que ahora los políticos profesionales denominan "la gente".

Nada de eso, estimados colegas de la Constitución. Elijo encaminar estas explicaciones hacia un distrito que procura, desde el inicio, ser fértil. Pretendo dar a entender ideas que –aunque puede discreparse con ellas– fueron escritas con sinceridad y respeto.

No hay que desentrañar enigmas ni partir de teoremas ya demostrados, para entender que ésta ha sido una etapa de desavenencias subalternas y rupturas de la paz entre dos y más bandos; de luchas desarmadas y pugnas laterales. En tales casos, tiendo a proponer soluciones.

Es preciso traer a la memoria que esta Honorable Legislatura ha vulnerado, por segundo año consecutivo, la atribución del Superior Tribunal de Justicia que le confiere el artículo 178, inc. 4º de la Constitución. Así es, dos veces seguidas los diputados repudiaron el presupuesto de gastos del Poder Judicial que éste envía para su aprobación.

Estos actos son emblemáticos de la posición que han asumido los legisladores de la Provincia con respecto al Poder Judicial y denotan una indiferencia y un desapego terribles por las reglas del juego republicano. Algunos por ejercicio y otros, con silencio o aprobación. Eso no es todo: por alguna extraña razón, el Poder Legislativo ha despojado al Judicial de su facultad constitucional de administrar sus propios recursos y se ha apoderado de ella.

Así fue que se sancionaron leyes que actualmente determinan la política salarial del Poder Judicial. Hace unos años –demasiado tiempo– advertí que la ley de porcentualidad provocaría a la Provincia consecuencias nefastas, cuya gravedad ni siquiera me atrevía a conjeturar entonces.

Bien, ya no es preciso ingresar en el distrito de la conjetura. Hemos sido testigos del pernicioso éxodo de funcionarios y magistrados del Poder Judicial hacia otros fueros y distritos. También vimos cómo esos cargos vacantes no podían ser cubiertos, en la mayoría de los casos, por falta de postulantes.

Y por fin, la acción de amparo promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, con fallo favorable en primera instancia. Cuando se presenta un conflicto es fácil que las partes asignen responsabilidades ajenas. Es fácil echarle la culpa al otro.

No soy un rastreador de iniquidad, pero cometeré una facilidad: Señoras y Señores legisladores: son ustedes los principales responsables de las funestas consecuencias de la ley de porcentualidad.

Antes de que puedan conturbarse o confundirse sus ideas, quiero que escuchen algo: Esta situación debe ser resuelta con inteligencia. La inteligencia es una de las formidables sorpresas que nos ha deparado el vasto universo. La infracción de las reglas de la ideología republicana es siempre una impertinencia, cuyo olvido no podemos consumar sin daño para el sistema democrático.

Mi investidura y mi ideología siempre me han obligado a rehusar presiones. Y aunque eso me ha cobrado alguna incomodidad, ésta siempre sería insignificante cotejada con la que le infligiría a mi conciencia el hecho de dejarme conquistar por ellas. Hay que recordar que, tanto los diputados, como los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, debemos ubicar nuestras acciones, en aras al primer mandato de la Constitución Nacional que instaló el deber de "fianzar la justicia"

La idea de que cualquier otro poder del Estado pueda establecer la política del Poder Judicial debe ser desaprobada de plano, no por absurda, sino por desacertada. Pero esencialmente, por inaceptable. El artículo constitucional 162 establece que la Justicia constituye un poder autónomo e independiente de todo otro poder. Es decir, que la Constitución lo dota de la potestad para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.

Es probable que yo no cuente con una tendencia a la circunspección, pero no voy cometer omisiones que debo eludir. Para que se cumpla con ese mandato constitucional hay que derogar toda ley que tenga injerencia en el presupuesto del Poder Judicial y que le impide cumplir con la facultad que tiene sobre sí mismo.

La autarquía que reclamamos no es otra cosa que la política de un Poder del Estado que intenta disponer de sus propios recursos y bastarse con ellos.

Para terminar, permítanme evocar un concepto de un colega ya fallecido: "Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si el hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez su suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía". Estas palabras pertenecen al abogado Mariano Moreno.Yo, ahora, las invoco para hacer un modesto requerimiento. En un país cuyo tiempo ha sido aquejado por las interrupciones institucionales –e incluso por administraciones democráticas de dudosa reputación–, que ejercieron una ostensible injerencia autoritaria sobre el Poder Judicial, es imprescindible que éste sea capaz de refrenar posibles abusos de poder para corroborar la legitimidad de los gobiernos democráticos.

Por eso, en el nombre del Superior Tribunal de Justicia, les requiero; en el mío personal, humildemente les solicito; y en el de la Constitución de todos los chubutenses, les exijo: ¡cese la intrusión de esta Legislatura en el Poder Judicial!".