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Fecha:
Martes, 23 de marzo de 2010
La Justicia federal de Salta pide políticas adecuadas en la lucha contra el narcotráfico
Fue en un informe de la Cámara de Apelaciones, en donde solicitó además mayor presupuesto para las fuerzas de seguridad y un plan de protección de testigos para consumidores denunciantes. Destacó avances tras la instalación de radares. Informe completo
A raíz de un pedido de informe solicitado por el Consejo Promotor Vecinal Nº 1 de Salta, la Cámara Federal de esa ciudad respondió con un repaso de la actualidad del tráfico y expendio de drogas y con el pedido expreso de políticas públicas adecuadas para luchar contra ese delito.
En su informe, la Cámara advierte que “es patente el progresivo crecimiento del consumo y venta de estupefacientes durante los últimos años en los barrios del sureste de la ciudad de Salta”.
Ante esa situación, los jueces firmantes recomiendan:
a) Mayor presupuesto para las fuerzas de seguridad, con incremento de los elementos tecnológicos apropiados y aumento de los efectivos policiales para la prevención e investigación.
b) Incentivar a los consumidores, por medio de profesionales especializados, a la realización de tratamientos de rehabilitación.
c) Plan de protección de testigos para los consumidores que decidan aportar datos sobre los vendedores, ya sea como testigos de identidad reservada o a través de custodia policial.
En julio del 2009, a raíz de la causa “Dubiel”, en donde se secuestraron 782 kilos de cocaína que había ingresado a Salta por vía aérea con aviones de pequeño porte, el juez federal Julio Leonardo Bavio y la Cámara denunciaron la falta de radares ante la Corte Suprema, que pasó la inquietud al Ministerio de Justicia de la Nación. A consecuencia de eso, la Cámara Federal salteña admite en su informe que “se han logrado avances significativos en la implementación de radares para el control aéreo en la frontera norte del país”.
A su vez, la Cámara salteña recordó que en el fallo “Arriola”, la Corte Suprema, ”exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.
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