Texto completo del comunicado:

“Frente a declaraciones públicas efectuadas por representantes del ámbito legislativo nacional y provincial de las que surge la propuesta de tomar exámenes periódicos a los Magistrados como requisito para su mantenimiento en el cargo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires desea expresar que rechaza enfáticamente tal línea de pensamiento por implicar una flagrante trasgresión no solo del texto sino del espíritu Constitucional estructurado como garantía de inamovilidad e independencia de los Jueces.

Dichos principios resultantes no derivan de intereses personales o sectoriales, sino que constituyen y aseguran el marco apropiado para que las resoluciones de los Jueces puedan ser dictadas en un ámbito de autonomía despojado de todo tipo de presiones,  satisfaciéndose de tal manera adecuadamente el interés del ciudadano en pos de una justicia rápida y eficaz.

A- El Poder Judicial es el más controlado de los tres poderes del Estado correspondiéndole  el margen de discrecionalidad institucional más estrecho, ya que no nombra ni remueve a sus integrantes, siendo que además,  todos los cargos de Jueces y funcionarios del Ministerio Público son concursados. Actúa en base a la observación de leyes y  procedimientos que le son dados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en muchos casos, ni siquiera define o maneja su propio presupuesto.

B- Todas las decisiones jurisdiccionales de los Jueces y funcionarios son evaluadas críticamente por profesionales (abogados) que defienden posiciones independientes – y muchas veces contradictorias -  con los criterios del magistrado.

C- Existen instancias de apelación y regresión de las decisiones de los magistrados.

D- Asimismo los Jueces y funcionarios están sometidos al control administrativo de superintendencia ejercida por la Suprema Corte de Justicia, la Procuración y los Tribunales Superiores, con suficientes facultades disciplinarias y apoyo de órganos técnicos subordinados, para auditar la labor,  y eventualmente sometidos a juicios políticos por un Jurado de Enjuiciamiento que no está integrado por sus pares como sucede con los otros Poderes del Estado, sino por legisladores y abogados.

E- Por último cada una de las etapas de la carrera judicial requiere de un examen ante los Consejos de la Magistratura correspondientes, en cuya composición los magistrados están generalmente en minoría.

Como puede verse, el control, la revisión y las evaluaciones son consustanciales al funcionamiento del sistema judicial, como también lo es la independencia de los magistrados respecto de los otros Poderes y de las presiones de los poderosos.

La idea de someter a exámenes de idoneidad a los jueces cada cuatro años incorpora el riesgo de que los evaluados pudiera tomar sus decisiones pensando más en agradar a quienes tienen en sus manos su futuro profesional que en los ciudadanos que se acercan a pedir justicia. Esto implicaría dar mas poder a los poderosos y menos a los débiles, afectando la independencia e imparcialidad de los jueces en violación de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

En este tiempo de bicentenario, nuestros ciudadanos merecen respuestas que superen los intereses de la coyuntura y las lógicas pujas de sector;  respuestas concretas que tengan en cuenta la aspiración del pueblo llano: que los procesos judiciales se resuelvan en tribunales, por decisiones de jueces inmunes a toda presión, que actúen con celeridad, trasparencia y eficacia; sólo con apego a las pruebas y a la ley.

La Plata, 19 de marzo de 2010”