Juezas y jueces del tribunal peruano permanecerán en la Argentina, entre el 11 y el 15 de noviembre, para interiorizarse sobre la política de acceso a justicia que dirige la Dra. Highton de Nolasco
Integrantes de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que iniciaron el lunes pasado una visita académica en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), están interesados en el servicio de acceso a justicia destinado a personas afectadas por hechos de violencia familiar y trata de personas con fines de explotación sexual, creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a cargo de su vicepresidenta, la Dra. Elena Highton de Nolasco.
Participan de la actividad, que finalizará el próximo viernes 15, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Juan Vicente Veliz Bendrell; el presidente de la sala civil permante y de la sala transitoria descentralizada de esa jurisdicción, el Dr. Gregorio Gonzalo Meza Mauricio y Ricardo Tóbies Ríos, respectivamente; la coordinadora y la administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Nancy Soledad Chamorro Mauricio y Daniela Rocca Parra, respectivamente; y el juez del Juzgado n.° 11 de esa especialidad, Dr. Wilbert García Violeta.
Atención de casos
La Oficina atendió, durante el primer semestre de 2019, a 346 personas de nacionalidad peruana (un promedio de 58 por mes), el dato representa el 4.3 % del total de afectadas en ese mismo período en la OVD. El 58 % concurrió a la dependencia derivado por las fuerzas de seguridad.
Del total de las personas afectadas de ese país, el 78 % tiene vínculo de pareja con la denunciada; el 43 % cohabita y, la mayoría (58 %), dijo sufrir episodios de violencia diarios y semanales.
Las mujeres, entre 22 y 59 años, son las más afectadas por estos hechos (75 %). Las violencias de tipo psicológica (97 %), física (70 %) y simbólica (63%) son las más denunciadas.
Los equipos interdisciplinarios de la Oficina evaluaron el nivel de riesgo de las personas como altísimo y alto (33 %), medio y moderado (56 %) y bajo (11 %).
Los casos atendidos fueron derivados a la justicia civil (99 %), penal (87 %) y a los servicios de asesoramiento jurídico (95 %) de la Ciudad de Buenos Aires.