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Jueves, 11 de marzo de 2010
Confirman el procesamiento de un ex funcionario de Economía por el caso Greco
Lo decidió la Cámara Federal porteña. Además, el tribunal instó al juzgado que instruye la causa para que avance en la investigación hacia los más altos responsables del Palacio de Hacienda cuando se efectuaron los pagos. Fallo completo
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Juan Intelisano, ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, al tiempo que dictó la falta de mérito para Eduardo Corrales, ex director de Contabilidad y Finanzas de esa cartera. Todo en el marco de la causa Greco, donde están imputados ex funcionarios por el delito de administración infiel contra el erario público.
La Causa Greco, en donde se investiga el pago irregular de 164 millones de pesos a un grupo empresario, ya tiene cinco ex funcionarios procesados: Yolanda Eggink, Beatriz Pernas, Osvaldo Siseles, Alberto García y Juan Intelisano.
“Queda claro que Intelisano tenía acceso a información esencial sobre las obligaciones asumidas por el Estado a cuenta del Grupo Greco, por lo que la omisión de consignar los datos mencionados cuando suscribió la ‘carta de gerencia’ excede lo meramente sospechoso y permite inferir que prestó su conformidad para actuar con los demás ejecutores de la maniobra defraudatoria investigada”, sostiene la Cámara en el fallo.
La defensa de Intelisano argumentó que el imputado recibía órdenes de superiores, para eximirse de responsabilidad. Ante este agravio, los camaristas indicaron que “frente a tamañas irregularidades, aún ante directivas formales o no, prevalecía su deber legal de funcionario público, que lo obligaba a actuar en defensa de los intereses estatales”.
En cuanto a Eduardo Corrales, quien también había sido procesado por el juez Sergio Torres, la Cámara entendió que no tenía el acceso a la información que sí tenía Intelisano y por eso decidió dictarle la “falta de mérito” para que continúe siendo investigado.
A su vez, la Cámara instó al juez Torres a dirigir la pesquisa hacia otros altos funcionarios del Ministerio de Economía que podrían haber tenido conocimiento del tema.
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