La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal fijó una serie de condiciones para permitir el acceso a organizaciones no gubernamentales a expedientes en los que se investigan a funcionarios públicos.

Así, y en un fallo de noviembre último, los jueces Juan Fégoli, Juan Rodríguez Basavilbaso y Raúl Madueño advirtieron la necesidad de que, para resolver ese tipo de cuestiones, conviene contar con la opinión de los imputados y del representante del Ministerio Público Fiscal, relacionada con la oportunidad y extensión de la información a suministrar, con el objeto de “resguardar el fin de descubrimiento de la verdad que persigue el proceso penal”.

En el caso, los magistrados anularon una resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que autorizó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y al Centro de Investigaciones y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) a tomar vista de un expediente.

Ello, porque consideraron que si bien se corrió vista a los imputados, quienes se habían negado a que aquellas entidades tengan acceso a las actuaciones, aún faltaba dar intervención al fiscal.