Damos formal comienzo al Año Judicial 2010, año del “Bicentenario” de la iniciación de nuestro proceso de Independencia, agradeciendo a todos los presentes. Su compañía en este acto demuestra el interés tanto en el funcionamiento del Poder Judicial como en el proceso de transformación que hemos iniciado en el año 2004 y que denominamos “Compromiso por la Justicia”.

Ningún cambio institucional en el Estado, por grande o pequeño que sea,  es rápido; y tal vez esa sea la principal razón por la que muchas de las reformas iniciadas, todavía no han sido percibidas en sus efectos por la sociedad; sin embargo, ello no es motivo para que dejemos de impulsarlas fuertemente pues están estrechamente vinculadas a las legítimas inquietudes de la población y a sus expectativas respecto de nuestro desempeño.

La implantación constitucional del Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, la reforma legal del nuevo Código Procesal Penal, la instrumentación del sistema de Gestión Judicial Asociada en el terreno civil y comercial, de los tribunales de flagrancia, del sistema de ingreso a la carrera administrativa por concurso público abierto y la obtención por parte de las dos Salas judiciales de la Suprema Corte de la calificación de la norma ISO 9000, constituyen logros que colocan indiscutiblemente al Poder Judicial a la cabeza del proceso de transformación del Estado mendocino. Ninguno de sus Poderes o departamentos ha experimentado el nivel de reforma del Poder Judicial.

En el año del Bicentenario, nuestra meta en la Presidencia 2009-2011 es dar, con la ayuda de todos ustedes, un renovado impulso a la modernización de la Administración de Justicia basada en los siguientes pilares soporte de nuestra gestión:

1. Renovar el compromiso con la comunidad.

El proceso de transformación fue iniciado hace seis años por mi antecesor Jorge Nanclares, y tiene como gran mérito haber surgido desde nuestra institución, es decir, no fue impuesto desde ningún sector. Los jueces reconocimos el contexto de crisis que nos afectaba, supimos escuchar el reclamo de nuestros conciudadanos y nos planteamos hacer una reestructuración institucional.

Esa toma de conciencia se tradujo en un compromiso público.

Queremos hoy renovar ese compromiso cuya principal meta sigue siendo la de recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial, enmarcado en un proceso continuo de reforma y mejoramiento.

Renovar el compromiso hoy es pensar y proponernos realizar metas concretas que sirvan directamente a la satisfacción de necesidades reales de los habitantes de Mendoza quienes concurren en gran número a nuestros tribunales reclamando un canal de solución a sus conflictos cotidianos.

Nuestra transformación impone como objetivo la calidad y la eficiencia del servicio que la Justicia presta a la comunidad mendocina. Calidad de contenido y velocidad de respuesta son metas obligadas que sólo pueden ser concebidas sobre la base de una fuerte independencia sostenida por una creciente profesionalización del personal que integra el Poder Judicial y todo ello en un marco de transparencia y de acercamiento a la población a la que pertenecemos y, a la vez, es la destinataria de nuestra tarea.

Cinco palabras clave: compromiso, independencia, profesionalización, transparencia y descentralización, son la formulación clara de los principios de nuestra gestión para estos dos años que se inician.

 
2. Fortalecer independencia del Poder Judicial 

Hemos entrado en una nueva etapa, en la que cada uno de los jueces podemos y debemos convertirnos en líderes de este proceso de transformación.

Nuestra legitimidad, nuestra credibilidad y nuestra autoridad deben incrementarse de modo acorde con las expectativas de la población y el único modo de lograrlo es asumiendo cada juez, en su ámbito, el liderazgo del proceso de transformación.

Nuestra gestión procurará que permanezcan abiertas las vías de comunicación con los poderes políticos y con la sociedad  para profundizar la reforma judicial, para mejorar las instituciones y, consecuentemente, para tener un Poder Judicial fuerte, independiente, transparente y eficaz, capaz de constituirse en el lugar donde se hagan efectivos los derechos y garantías de todos los habitantes.

Fortaleza e independencia del Poder Judicial son condiciones necesarias  de seguridad jurídica. Pero independencia no significa aislamiento. Es preciso que junto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los municipios continuemos con un diálogo y un clima de cooperación permanente, positivo y constructivo que a la vez garantice la independencia judicial. Así, por ejemplo, la política a favor de la niñez y la adolescencia no será nunca posible sin una actuación conjunta de los jueces, los organismos administrativos y la actividad social municipal.

La cobertura de nuestras necesidades presupuestarias debe ser atendida por los otros poderes del Estado. Y debe ser atendida de modo inicial y desde la misma ley de presupuesto. No es posible que el Poder Judicial deba perseguir durante el año el completamiento de partidas o la concesión de fondos extras, sin arriesgar la convicción popular acerca de su independencia constitucional.

En este año el presupuesto ha tocado un piso histórico, inferior al 4 % del total de la provincia; la crisis general no alcanza para explicar esta reducción de la incidencia en el presupuesto total. Confiamos en el resultado de nuestras gestiones para corregir esta distorsión tomando como base de nuestro optimismo la buena relación institucional que hoy demostramos y la confianza que tenemos en nuestras posibilidades de convencer a los otros poderes del Estado acerca de la importancia de recuperar los índices de años anteriores que oscilaron entre el 5 y medio y el seis por ciento.

En materia de infraestructura, debemos recuperar el nivel de obras destinadas al servicio de justicia; en el actual presupuesto sólo tiene partida el edificio de tribunales de San Martín; ninguna otra obra recibió aporte alguno.

Una intención sincera de apoyar la transformación del Poder Judicial se convierte en verdadera voluntad política sólo si está acompañada de los fondos presupuestarios que la hacen posible.
 
3. Profesionalizar los recursos humanos.

A fin de impulsar la necesaria formación y capacitación profesional que deben tener jueces, funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial, hemos concretado, en asocio con las universidades Nacional de Cuyo y de Mendoza, una carrera de especialización y maestría en Magistratura y Gestión Judicial que permite el perfeccionamiento de nuestros magistrados y de quienes aspiran a serlo. En la misma sintonía hemos implementado el sistema de aula virtual para nuestros cursos de escribano actuario que aspira alcanzar a toda la provincia. Nuestro Poder Judicial está integrado, desde el año pasado, en la Red Federal de Educación para la Justicia Argentina.

La capacitación interdisciplinaria de los agentes judiciales continuará siendo un tema prioritario. Retomaremos el compromiso asumido de que cada integrante del Poder Judicial tenga que acreditar 20 horas anuales mínimas de capacitación e impulsaremos desde el gobierno del Poder Judicial foros que permitan a los distintos actores del sistema el aporte de propuestas y soluciones concretas para la mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos.

Llevaremos a cabo la convocatoria del Primer Foro de Secretarios del Poder Judicial de Mendoza en el transcurso de este primer semestre.

4. Acentuar gestión de calidad y transparencia.

Es importante que jueces, funcionarios y empleados logremos que la sociedad conozca y entienda lo que hacemos y nos respeten porque lo hacemos bien. En nuestros días ya no existe el respeto a lo distante y desconocido. Continuaremos haciendo visible el Poder Judicial publicitando las decisiones judiciales y la actividad administrativa sin restricciones a través de internet.

De este modo, toda la comunidad, en especial la más vinculada a nuestra tarea, puede monitorear y auditar nuestro trabajo diario. Hoy podemos afirmar que nos encontramos a la cabeza del conjunto nacional de poderes judiciales en materia de acceso público a nuestros procesos y procedimientos.

A ello se suma el hecho de que en nuestro proceso de transformación nos continuaremos sometiendo a controles y asistencia técnica de reconocidas organizaciones independientes, pertenecientes a la sociedad civil, como la UTN, la UNCuyo, etc…, y reorganizaremos las formas de control interno a través de la fijación de metas públicas y controlables.

En estos momentos se está llevando a cabo el tercer concurso público general para cubrir los cargos administrativos de los próximos dos años de modo previsible y trasparente; concurso exigente, acorde a las necesidades de capacitación de nuestro Poder Judicial. De igual modo, hemos generalizado la realización de concursos abiertos para la cobertura de cargos de relevancia dentro de la organización administrativa. Es el único de los poderes del Estado que ha incorporado esta metodología de acceso público y de progreso en sus estructuras administrativas.

Teniendo en cuenta la cantidad de causas por habitantes, en Mendoza ingresan casi 450.000 causas al año, 100.000 más, un 26 %, que en 2004 cuando formulamos nuestro “Compromiso”.

Hacen falta más jueces, mayor y mejor capacidad de decisión de nuestros funcionarios, mayor profesionalización de nuestros empleados; no más juzgados. En ello estamos trabajando a través de los Tribunales de Gestión Asociada, cuya organización nos ha encomendado la Legislatura, y del impulso de nuevas formas de gestión en materia penal y laboral.

La calidad en las actuaciones judiciales, resulta difícil de medir y cuantificar; es muy importante reorganizar el funcionamiento de los órganos judiciales para evitar trámites y demoras innecesarias. Retomaremos los sistemas de medición de metas y control de objetivos como asumimos en nuestro compromiso con la comunidad.

Es necesario pensar y desarrollar, además de fortalecer los que ya están en marcha, los medios alternativos de resolución de conflictos que ayuden a incrementar nuestra calidad y velocidad de respuesta sin necesidad de su judicialización o de su inclusión en un proceso judicial tradicional. Los resultados que hoy muestra la tarea de nuestros mediadores pone en evidencia la utilidad de estos instrumentos y nos alienta a impulsar su puesta al alcance de la mayor cantidad posible de ciudadanos en nuestra provincia a través de su concreta descentralización.

5. Descentralizar: acercar la justicia a nuestros conciudadanos.

El Poder Judicial existe desde la organización del estado democrático en tanto y en cuanto es capaz de constituirse en la vía civilizada de solución de los conflictos. Es el ámbito natural donde se resuelven las diferencias sin violencia; es el sustituto de la ley de la selva donde triunfa el más fuerte.

No estamos lejos de la violencia; no es algo ajeno a nosotros ni a nuestra provincia. Sobre el fin del año pasado hemos observado cómo pequeños grupos acudieron a la agresión física de nuestros jueces, de funcionarios –en la sede misma del Gobierno de la provincia- y de la Universidad Nacional de Cuyo. Todo ello con el fin de expresar opiniones y reclamos con una metodología antidemocrática que creíamos ya enterrada hace más de veintiséis años. Se impone la necesidad de poner fin a esta vía que amenaza con extenderse.

El Poder Judicial está para solucionar conflictos y lo ideal es solucionar los conflictos donde se producen. Vamos a acercar los tribunales y nuestras oficinas a los lugares donde son más requeridos, de esa manera las diferencias se resuelven más rápido y se facilita el acceso a la justicia de todos los habitantes de nuestra provincia. Ya lo hacemos con nuestro equipo móvil en toda la provincia; a ello sumaremos la descentralización efectiva de nuestros servicios.

Este proceso de descentralización nos permitirá colocarnos en el lugar de nuestros conciudadanos y acceder a zonas y a conflictos que hoy no llegan a los tribunales. Por ello es que estamos convencidos de que no significará una disminución de la tarea sino todo lo contrario. Pedimos, pues la necesitamos, la más amplia colaboración de los grandes auxiliares de la Justicia, los abogados, de modo tal que sean también ellos quienes acerquen su trabajo a la gente, y no a la inversa.

A los sistemas tradicionales de acceso a través de las Defensorías de Pobres y Ausentes sostendremos formas directas de relación con la comunidad. La oficina de violencia doméstica es uno de nuestros proyectos que no dejaremos de lado aun cuando no contamos con la financiación del presupuesto para él.

En esta etapa instalaremos los Juzgados de Familia en aquellos departamentos en donde nuestros sistemas estadísticos nos muestran mayor demanda por parte de la comunidad. De igual modo procederemos con los servicios que prestan nuestros mediadores. Para ello hemos iniciado conversaciones con algunos Intendentes de quienes, descontamos, recibiremos su apoyo para poder concretar esta idea que ha surgido desde la propia comunidad y ha sido receptada por el Poder Judicial.

Básicamente nuestra gestión estará enfocada a que las personas que acuden a los tribunales en busca de solucionar sus conflictos los encuentren cerca y reciban una rápida y eficiente atención de un Poder Judicial de calidad. Ese es nuestro compromiso.

Termino con la reiteración de la propuesta de nuestro Preámbulo de la Constitución provincial: “con el objeto de constituir un mejor gobierno de todos y para todos”; y termino con su frase final: “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.

Dr. Alejandro Pérez Hualde
Presidente Suprema Corte de Justicia
          de la Provincia de Mendoza

5 de Febrero de 2010, SAN RAFAEL -MENDOZA