A lo largo de la jornada del martes los miembros del Jurado de Enjuiciamiento tomaron declaración a nueve testigos en el juicio político que se promovió contra el Juez de Instrucción y Correccional de la ciudad de Mercedes,  doctor Pablo Fleitas.

El magistrado está acusado de mal desempeño de sus funciones en dos causas. En uno de ellos se le reprocha deficiencias en la investigación de la muerte de Ramón Hipólito Valenzuela, quien según constancia policial falleció ahogado en el Río Corrientes. Su madre María Cristina Valenzuela se presentó como denunciante por haber solicitado más tarde un pedido de exhumación y necropsia que se concretó cinco meses después.  En el otro caso, la madre de un menor que se desempeñaba como periodista de eventos sociales radicó la denuncia contra el juez por haberlo amenazado y detenido por averiguación de antecedentes en oportunidad en que éste le tomó fotografías en un local bailable.

Durante la jornada de la mañana y tras la lectura de las acusaciones, los integrantes del Jurado tomaron declaración a María Cristina Valenzuela, madre del fallecido Ramón Hipólito; Vanesa Natalia Montiel, oficial de policía de la localidad de Yofre quien se encontraba de turno al momento de la muerte del joven; Juan Ramón Retamozo, subcomisario y responsable de la dependencia de Yofre; Roberto Morales, médico forense del Poder Judicial, quien efectuó la exhumación del cuerpo de Valenzuela y el médico policial Luis Fernando Perichón, responsable de haber examinado el cadáver tras hallarlo en el citado río.

La señora Valenzuela manifestó que tenía dudas sobre el causal del fallecimiento del hijo, porque éste había expresado haber recibido amenazas en su lugar de trabajo. Dijo recordar que el muchacho presentaba golpes en la cara, aunque ello fue desestimado por el profesional médico de la policía, quien firmó el acta de defunción indicando muerte por asfixia.

En esa oportunidad no se realizó una autopsia sino un examen cadavérico externo, cuyos signos, sumados a las declaraciones de cinco testigos de que el joven “se hundió en las aguas”, y el hecho de que la madre declaró que el joven padecía epilepsia, fueron a juicio de Perichón más que suficientes para no plantear la posibilidad de una muerte dudosa o violenta.

La oficial Montiel manifestó no haber podido localizar telefónicamente al magistrado el día de los hechos (un domingo por la tarde) y ante esa situación su superior tomó contacto con Perichón quien a su vez habría tomado contacto con el secretario del juez, por orden de quien se habría entregado el cuerpo a la familia sin que el juez firmara la orden.

La defensa de Fleitas –a cargo de los doctores Ramón y Facundo Leguizamón- cuestionó que se resolviera llevar adelante o no la autopsia y se dispusiera del cuerpo sin la autorización del magistrado, quien dijo enterarse del caso en la mañana del lunes, primero por su secretario y luego por la agente de policía.

El mismo Fleitas –que sólo habló por la mañana- expresó que le había hecho saber a Montiel de su malestar porque no agotó todos los medios para encontrarlo, en referencia a que Mercedes es una ciudad pequeña y la comisaría no dista más que a 8 o 9 cuadras de su hogar.  Sostuvo además que su secretario, el doctor Ricardo Ferrara, no se comunicó con él porque el caso no representaba urgencia. En su defensa dijo además haber cambiado su línea telefónica celular y que la agente no tenía actualizada su agenda.

Por su parte el médico Forense Morales, explicó que el pedido de exhumación del cuerpo llegó a sus manos a fines de abril y el a su vez –tras leer el expediente- elevó un informe para determinar el tipo de muestras que debían extraerse. A su criterio, el paso del tiempo ya no era un factor relevante para las extracciones que debían hacerse puesto que los tejidos blandos ya estaban en descomposición. Se practicaron muestras óseas y toxicológicas, sin apreciarse lesiones traumáticas y descubriendo plancton en el esternón.  Ello era un indicador de que el joven se ahogó, sostuvo, agregando que para lo que se buscaba ese lapso de tiempo no era relevante.

En el debate de la tarde la denunciante Gladis Flores, el joven fotógrafo César Ariel Castro y su hermano menor Ulises Vallejos explicaron que la primera fotografía que se obtuvo del magistrado junto a su pareja en un local bailable fue tomada sin intención, ya que el juez aparecía en un segundo plano. Tras ello, el custodio le requirió la cámara de fotos, mientras que el magistrado corrió según estos testigos al hermano de Castro, amenazándolo. Luego fue trasladado para averiguación de antecedentes sin que mediara explicación alguna a la comisaría donde permaneció desde las 5 de la mañana aprox hasta las 15 horas. Por su parte, el custodio sargento Leiva habría incurrido en contradicciones, según se le hizo notar desde el Jurado.

Los integrantes del Tribunal dispusieron luego un cuarto intermedio hasta el jueves 18 a las 17 horas, cuando se producirán los alegatos.