El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11 de la Capital Federal, aseguró, en relación a las causas de corrupción, que “la Justicia Penal no es una instancia de venganza pública.  Los jueces no podemos, para satisfacer las necesidades de los medios o de la sociedad, correr detrás del ‘todo el mundo lo sabe’ o ‘esto es vox populi’. Debemos escribir de manera detallada cómo se realiza el procedimiento de corruptela. Y esto es un proceso muy largo pero se llega, lo que no quiere decir que uno llegue de una manera inmediata”.

Asimismo, destacó que “en una infinita cantidad de causas se ha llegado a soluciones positivas. Por ejemplo, todo el proceso de quiebra de lo que se conoció como ‘Efecto Tequila’, que fue la caída de una serie de bancos por un manejo cuanto menos arbitrario en ese momento del Banco Central, son todos procesos que ya han subido a juicio o lo están haciendo en estos últimos años”.

Las investigaciones

Acerca del modo de abordar una investigación sobre lavado de dinero, el juez explicó que “tenemos al menos dos aspectos que observar: uno es la dificultad en su investigación, porque es una especie de encubrimiento y por lo tanto requiere que haya por lo menos un hecho precedente, un delito del cual se obtuvieron los fondos que después van a intentar blanquearse o convertirse en fondos lícitos. Un segundo aspecto es el técnico: en general, los procesos de lavado tienen que ver con la bancarización, o compra y venta de propiedades, o determinados procesos económicos de sectores de la economía que por sus características tienen algunas particularidades y algunas vulnerabilidades en el control”.

En esa línea, explicó que “uno de los delitos precedentes que a mi juicio en Argentina provoca el lavado de activos es la corrupción pública de negocios privados, porque la corrupción nunca es exclusivamente de funcionarios, es también de quien de alguna u otra manera usufructúa esa relación para generarse una apropiación indebida de activos”.

Sobre la dificultad para investigar los casos de lavado, el magistrado aseguró que “son causas complejas de encontrar dónde está el punto o el momento de inflexión en el proceso donde se generó la corrupción, y luego poder seguir, tanto en el patrimonio del funcionario público como en el del privado, la línea del movimiento de fondos. Esto a veces no es sencillo porque el proceso de corrupción es un iceberg. Se genera una masa de asientos contables, de manejos de cuentas corrientes y de flujo de efectivo en los que es muy difícil diseccionar cuáles son las líneas absolutamente lícitas de las que son parcialmente lícitas. Esto implica muchas veces un trabajo muy puntilloso, muy arduo”.

El crecimiento de causas

En relación con el crecimiento de causas, Bonadio explicó que “hay un aumento en los últimos años de las causas de estafa con DNI. Este es un delito, desde el punto de vista económico y social, bastante grave por la cantidad de dinero que hace perder. Aunque pueden ser estafas chicas de compras de electrodomésticos o créditos personales, pero tomando en cuenta a lo largo de un año todas las defraudaciones, las cifras son importantes. Y es mucho más importante el sentido de vejación que tiene la persona que un día se entera por algún motivo que tiene el Veraz con cinco, seis o diez créditos impagos, y debe hacer un gran esfuerzo y pagar abogados para emprolijar una situación de la cual es absolutamente ajena”.

Asimismo, el magistrado señaló las dificultades que enfrenta la Justicia para afrontar el crecimiento de causas: “El paso del tiempo y el aumento vegetativo de causas hacen que, por ejemplo, el fuero federal de Comodoro Py esté en una situación de cierta saturación en términos edilicios. La Corte en los últimos años hizo un esfuerzo importante con refuerzos de personal o contratos".

Por otro lado, afirmó que "donde no veo un avance es en una herramienta que tiene el Consejo de la Magistratura que creo que no es utilizada adecuadamente: la Escuela Judicial. Tendría que haber otro criterio para utilizarla y no debiera ser un lugar donde se realicen cursos generales, ya que no es una institución educativa típica para hacer maestrías de carácter general. Creo que, con el nivel y la rigurosidad de una maestría, debiera hacer cursos adaptados a las especialidades y a las necesidades puntuales de cada uno de los fueros”.

La participación de las ONG

Sobre el debate acerca del acceso de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a los expedientes en los que se investigan a funcionarios públicos, Bonadio aclaró: “Una investigación de una ONG resulta un avance positivo a la discusión y a la definición de encontrar procedimientos de transparencia. Pero en la causa penal propiamente dicha, no veo cuál es el aporte que puede hacer, porque una vez que en el juzgado se recolecta la documentación de respaldo y de análisis, en caso de necesitarse opiniones habitualmente se recurre a los excelentes peritos que tiene la Corte Suprema o a especialistas de universidades nacionales. En este debate se aduce que de parte de las ONG puede existir un control, pero creo que la Justicia no necesita controles externos”.

Y en ese marco agregó: “Los códigos procesales establecen toda una serie de recursos y de revisiones que en lo penal son, contando a la Corte, cuatro instancias. Además del control que tiene el Ministerio Público, no sólo del fiscal federal natural sino del fiscal de investigaciones administrativas. Asimismo, en lo que hace a los controles de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, existe la Oficina Anticorrupción, que tiene facultades para generar investigaciones”.