El 5 de septiembre pasado, una comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles realizó un monitoreo -sin aviso previo- al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto) en el marco de una serie de inspecciones que realiza aquel organismo.

En la oportunidad, asistieron el juez Gustavo M. Hornos; el fiscal Abel D. Córdoba; el defensor público oficial Guillermo Todarello, cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación; el procurador general adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, y Bárbara Franco, por la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Asistió como actuaria la secretaria del Sistema Lucía Gallagher, entre otros funcionarios y empleados.

Durante la recorrida estuvieron presentes el director del Complejo Inspector General, Adrián Espinosa; el subdirector, Hugo Medina; el director administrativo, Walter Tragnoni, y el delegado de ejecución de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Ignacio Milano.

La comitiva del Sistema concurrió con el objeto de monitorear los sectores más conflictivos y el Centro Universitario Devoto, que funciona dentro de la cárcel.

En un reciente fallo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió –por mayoría- en el marco de un habeas corpus colectivo disponer las medidas necesarias para asegurar el derecho a la educación universitaria que se dicta en la cárcel.

En concordancia con lo resuelto, la comitiva encabezada por el juez Hornos se reunió con los estudiantes del Centro Universitaria Devoto y reafirmó su compromiso con la continuidad de los programas de educación y destacó la importancia del Espacio educativo para la reinserción al medio libre.

Asimismo, se recorrieron otros sectores del Complejo, donde se pudieron constatar indicadores de hacinamiento y condiciones de alojamiento que se encuentran cercanas al piso mínimo establecido por los estándares internacionales –Reglas Mandela- (suciedad, mesas y sillas rotas, falta de calefacción, deficiencias en el funcionamiento de los anafes en la cocina, pérdidas de agua, entre muchas otras).

Finalizada la recorrida, se realizó una mesa de diálogo con las autoridades del Complejo y se hicieron señalamientos, especialmente con relación a que no se debe ni puede restringir la presentación de la acción de habeas corpus como la vía idónea para procurar la corrección de situaciones que, al limitar derechos tales como salud, educación, higiene y alimentación, afectan de modo relevante las condiciones del encierro.

Hornos señaló que el habeas corpus constituye la garantía más eficaz para asegurar el efectivo acceso a justicia de las personas privadas de la libertad y establecer si existe privación de sus derechos.

Asimismo, se advirtió sobre la imperiosa necesidad de que todas las personas alojadas en el Complejo accedan efectivamente a las prestaciones de asistencia médica en tiempo y forma y, ligado a ello, que se garantice el suministro de las cuatro comidas, y que sean adecuadas tanto en calidad como cantidad, y en horarios oportunos. Así como que se garantice el acceso a agua potable de calidad para el consumo de la forma más libre.

Además, se transmitieron a las autoridades las quejas de los internos relativas al acceso al trabajo, al sistema de calificaciones y a la dificultad que eso les genera en la vida en la cárcel.

De esta manera el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con las personas privadas de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos.

Informe e imágenes: Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles